Las suspensiones de visitas a padres maltratadores siguen estancadas cuatro años después

Las suspensiones de regímenes de visitas entre hijos y padres maltratadores se han mantenido estancadas en los últimos cuatro años a pesar de la entrada en vigor de la Ley de Infancia y la modificación Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2021 para proteger a los niños de la violencia vicaria.

Según la ley que los jueces deberían estar aplicando desde 2022, por norma un padre debe dejar de ver a sus hijos cuando esté implicado en un procedimiento en el que se dicte una orden de protección de la madre por violencia de género.

En ese sentido, los juzgados deben suspender el régimen de visitas de forma general o, excepcionalmente, acordar motivadamente su mantenimiento en virtud del interés superior del menor. 

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el año 2021, con la anterior ley, se suspendieron las visitas en el 7,22 % del total de 16.973 casos.

En 2022, con la ley de infancia ya en vigor, subió al 14,41 % (de un total de 19.491 órdenes de protección y cautelares por la vía civil), mientras que en 2023 cayó al 12,75 % de 20.757 y en 2024 fue del 14,27 % de 19.745.

El último dato, por debajo del 14 %

En este 2025, el primer trimestre se suspendieron el 15,36 % de 4.799 y, en el segundo, de abril a junio, el 13,65 % de 5.054.

Así, desde la entrada en vigor de la nueva normativa, la cifra no se ha alejado del estancado 14 %.

Dado que no todas las mujeres que han denunciado violencia machista tienen hijos menores a cargo y ese dato no está desglosado, no existen datos fiables sobre el porcentaje de casos real de maltratadores que siguen teniendo acceso a sus hijos mediante visitas.

Sí se tiene el dato, recabado por el Ministerio del Interior, de que en el sistema de seguimiento policial de la violencia machista VioGén hay más de 54.000 madres de menores de edad con protección policial, que son más de la mitad de los casos activos en el sistema policial.

Asimismo, se tienen constancia de que desde marzo hasta octubre se había detectado a 5.870 menores en una situación de riesgo de violencia vicaria.

Se prima el interés del padre

Para la abogada y mediadora en procesos de violencia machista Nani Beltrán, debería haber «más datos desglosados» para extraer conclusiones fundamentadas sobre la a priori baja aplicación de la suspensión de visitas.

Con todo, la jurista ha opinado que de su experiencia extrae la conclusión de que aún existe mucha falta de formación y perspectiva de género en los juzgados.

«Todavía se pone por delante el derecho biológico del ‘pater familia’ que el del interés superior del menor», ha lamentado.

Beltrán ha reclamado datos concretos al CGPJ sobre el número de peticiones de suspensión de visitas y la respuesta de los jueces para poder calibrar mejor la magnitud del fenómeno.

Persistencia de estereotipos

Por su parte, la psicóloga y experta en políticas públicas sobre violencias machistas Laia Rosich ha recordado asimismo que la judicatura es la institución que ha sido objeto del mayor número de quejas registrado por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas, que este año presentó su primer informe.

En ese sentido, Rosich ha denunciado que muchas de las visitas o decisiones sobre guardas que siguen beneficiando al padre y que el juez debería motivar por extraordinarias «ni siquiera se argumentan en los escritos».

Para las expertas, «los prejuicios siguen muy presentes» y se escucha «poco a los niños».

«Persiste el estereotipo de que la madre es una histérica que pone en contra del padre a los niños. Es algo muy enraizado», ha añadido Rosich.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.