La OCU denuncia ante la Comisión Europea la forma de aplicar la tasa de basuras en varios ayuntamientos españoles

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que la tasa de basuras que aplican diversos ayuntamientos en España podría incumplir la normativa europea sobre residuos.

La OCU recuerda que la Directiva (UE) 2018/851 establece el principio de “quien contamina paga”, diseñado para incentivar una gestión más eficiente de los residuos. En España, esta directiva se transponía mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a fijar una tasa de gestión de residuos que refleje el coste real del servicio, aplicando el citado principio.

Sin embargo, la organización advierte que la aplicación de esta tasa “no se ha hecho de forma correcta” en localidades como Badajoz, Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Ourense, Oviedo, Palma, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y Zamora.

El problema, según la OCU, radica en la utilización de una tarifa fija para todos los contribuyentes, lo que no refleja el coste real del servicio ni respeta el principio de que “quien contamina paga”. En el caso de Madrid, la tasa se calcula en función del valor catastral de la vivienda, un sistema que la OCU considera “discriminatorio y alejado del coste real del servicio”. Además, esta valoración se combina con otros dos criterios: la generación de residuos por barrios y la calidad de la separación de las basuras en cada distrito, lo que genera desigualdades entre vecinos en función de su lugar de residencia y de la presencia de pisos turísticos, comercios o negocios cuyos residuos se recogen junto con los domésticos.

La OCU recuerda que los contribuyentes tienen un plazo de un mes para impugnar la tasa si no están de acuerdo con la liquidación. En los municipios que han establecido esta tasa por primera vez, el plazo comienza desde la notificación de la liquidación. Los recursos pueden presentarse ante la Agencia Tributaria del Ayuntamiento o directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo municipal.