Un colegio de Vigo sanciona a cinco alumnos por presunto acoso a una niña del centro

El equipo de actuación contra el acoso escolar del Colegio Concertado Monterrey de Vigo, compuesto por varios profesores del centro, ha decidido abrir cinco procedimientos correctores con sanciones para el alumnado implicado.

La decisión, según la Consellería de Educación, sucede a la realización de investigaciones iniciales en las que «se ha determinado la existencia de conductas contrarias a la convivencia».

Esta misma semana, el Colegio Monterrey ha ganado importante notoriedad tras la denuncia de unos padres de que su hija, de tan solo 5 años, estaba sufriendo acoso escolar por parte de media docena de chavales de 10-11 años, lo que ha despertado una profunda indignación en la comunidad escolar.

Tanto es así que este mismo viernes, al final de las clases, se celebrará una concentración a las puertas del colegio para denunciar la supuesta inacción de la dirección del centro ante este presunto caso de acoso.

Por su parte, la Xunta, además de reiterar su «tolerancia cero con este tipo de conductas», afirma que el servicio de «Inspección Educativa seguirá supervisando el correcto desarrollo por parte del centro del procedimiento establecido en el Protocolo educativo para la prevención, la detección y el tratamiento del acoso y del ciberacoso escolar».

Las familias del Colegio Monterrey afirman que el «acoso» a una niña no es un caso aislado

Las familias del Colegio Monterrey de Vigo, que se han concentrado este viernes a las puertas del centro educativo, se han mostrado convencidas de que se ha producido un caso de «acoso escolar» a una niña de 5 años y «se han abierto otros tres expedientes», por lo que no se trataría de un hecho «aislado».

Una portavoz de las familias ha leído un manifiesto en el que alzan la voz ante una «historia que nadie debería vivir», la que ha pasado la menor.

Según ellos, el centro educativo ha reconocido que existieron situaciones de violencia, pero aun así ha decidido descartar el acoso escolar y ha cerrado el caso aplicando un «procedimiento corrector interno, como si una agresión física y reiterada a una niña de cinco años» por otros de 10 y 11 «fuese algo menor, algo que se corrige con vigilancia o cambiando con quién juega en el patio».

Para los padres lo ocurrido «sí es acoso escolar» porque durante al menos dos semanas, su hija sufrió «agresiones físicas, insultos y humillaciones por parte de alumnado de once años, mientras ella, por su corta edad e inocencia, creía que jugaban».

Consideran que el acoso no depende de cómo lo perciba la víctima, sino de los hechos, la «intención de causar daño, repetición en el tiempo y desigualdad de poder», elementos que ven «presentes» en este caso.

Se remiten a los testimonios del alumnado que fue testigo de los hechos que denuncian y sostienen que «la niña fue agredida física y psicológicamente».

Según su versión, «le quitaban los zapatos y calcetines, se los escondían, la sujetaban de pies y manos y la arrastraban por el suelo; le tiraban del pelo, le insultaban y le gritaban frases como ‘vamos a por la niñata esta'».

Además, aseguran que cuando otras niñas intentaban defenderla, también eran agredidas, que a la pequeña la subían a un árbol y la dejaban allí sola o le metían hojas en la boca mientras se reían y que varios alumnos le cubrieron la cabeza con una sudadera y la golpearon como si fuera un saco de boxeo.

«Y mientras todo esto ocurría, ningún adulto lo detuvo», apuntan las familias, quienes critican que el colegio no adoptara medidas para evitar la coincidencia entre las familias afectadas y las de los presuntos agresores.

Por eso demandan que la Xunta actúe de oficio porque «los protocolos no pueden ser un mero trámite administrativo», sino que están «para proteger vidas», y se preguntan si es que «tiene que pasar una tragedia para que se actúe».

Este «no es un hecho aislado», advierten, porque «se han abierto otros tres procedimientos más en este mismo centro», lo que demuestra que «el problema es estructural, no individual».

Asimismo, acusan al colegio de haber hecho «un llamamiento a la calma mintiendo, asegurando que habían abierto el protocolo desde el primer momento y que habían avisado a las autoridades, cuando fue la familia quien lo hizo al ver la inacción del centro».

Exigen responsabilidades no solo para los supuestos agresores, sino también para «quienes fueron cómplices con su silencio», por lo que señalan al personal docente que «ignoró los avisos de varias alumnas que se quejaron de lo que estaba ocurriendo y no paralizó a tiempo una situación que debía haberse detenido desde el primer momento».

«No queremos venganza. Queremos verdad, justicia y prevención real. Queremos que ningún niño ni niña tenga que pasar por lo mismo», han relatado.

Previamente, los padres han explicado a los medios de comunicación que fue la madre de otra alumna la que avisó de lo que estaba pasando con su hija y que ahí solicitaron por escrito al colegio la activación del protocolo de manera inmediata y denunciaron ante Inspección.

Según ellos, la niña tiene «un carácter muy fuerte» e interpretaba, por su «inocencia», que los otros niños estaban jugando con ella.

Los padres han afirmado que en el centro llevaron a su hija de 5 años con sus supuestos agresores para que los señalara delante de la directora y han lamentado la falta de «formación» para afrontar estos casos.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha animado a la comunidad educativa de la provincia a solicitar más las actividades de formación del Plan Director para prevenir hechos como este.

Por su parte, el equipo de actuación contra el acoso escolar del Colegio Concertado Monterrey de Vigo, compuesto por varios profesores del centro, abrió cinco procedimientos correctores con sanciones para otros tantos alumnos de sexto de Primaria implicados en este caso.

La decisión, según una nota de la Consellería de Educación, sucede a la realización de investigaciones iniciales en las que «se ha determinado la existencia de conductas contrarias a la convivencia».

La Xunta además de reiterar su «tolerancia cero con este tipo de conductas», afirma que el servicio de «Inspección Educativa seguirá supervisando el correcto desarrollo por parte del centro del procedimiento establecido en el Protocolo educativo para la prevención, la detección y el tratamiento del acoso y del ciberacoso escolar».