La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha calificado de «desproporcionada» la subida del canon propuesta por Sogama, que podría superar el 60% y suponer para la capital gallega un costo de cerca de un millón de euros. La regidora ha criticado el modelo de recogida de residuos de la Xunta, al que ha tildado de “obsoleto, costoso y contaminante,” y ha denunciado que ahora se pretenda trasladar estos costes «al conjunto de la población.»
Sanmartín ha adelantado que buscará el apoyo de otros municipios, ya que considera que «la inmensa mayoría» de los gobiernos locales estarán en contra de esta subida, que ha calificado de «barbaridad». Además, ha reprochado a la Xunta de Galicia por insistir en el modelo de Sogama, a pesar de ser consciente desde hace años de que no es sostenible.
En este sentido, también la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha expresado su rechazo a esta subida del canon , manifestando su «malestar» por el aumento propuesto, que elevaría el coste de 66 a 108 euros por tonelada, lo que supone un incremento superior al 60%. El presidente, Alberto Varela, ha comunicado su descontento al presidente de Sogama, Javier Domínguez, y ha criticado que los ayuntamientos se hayan enterado de esta noticia a través de los medios de comunicación.
En una carta, Varela ha exigido una reunión urgente con Sogama para aclarar las previsiones de la empresa y ha solicitado la creación de una comisión de trabajo que incluya a Sogama, las consellerías de Medio Ambiente y Hacienda de la Xunta, y la propia Fegamp. Esta comisión tendría como objetivo determinar las condiciones del canon para 2025, antes de la aprobación de los presupuestos autonómicos.
Varela también ha rechazado los argumentos de Sogama sobre la asunción de gastos relacionados con impuestos estatales sobre el depósito de residuos en vertederos. Según el presidente de Fegamp, aunque Sogama asegura haber asumido estos costes en 2023 sin repercutirlos a los ayuntamientos, en realidad fue la Xunta de Galicia quien cubrió estos gastos. Este ha destacado que la aportación de la Xunta para reducir el cobro del canon se realizó a través del Fondo Adicional de Cooperación Local, afectando a la financiación de los ayuntamientos gallegos para la creación del Fondo Ambiental.
