El profesor e investigador de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Sebastián Villasante lidera un estudio publicado en la revista Nature Sustainability que propone un nuevo marco global para garantizar el derecho humano a un clima seguro, destacando la necesidad de integrar la justicia climática en las políticas y decisiones internacionales.
El trabajo, titulado El derecho humano a un clima seguro, parte del reciente reconocimiento por parte de los altos tribunales internacionales de justicia de este derecho como una obligación legal. Según Villasante, este avance significa que “ignorar las advertencias científicas sobre los riesgos climáticos será, a partir de ahora, una vulneración de los derechos humanos”.
El artículo, desarrollado en el EqualSea Lab del CRETUS (USC), cuenta con la participación de destacados investigadores internacionales como Lynne Shannon (Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica), Sandra Waddock (Boston College, Estados Unidos), Lucas A. Garibaldi (Universidad Nacional de Río Negro – CONICET, Argentina), Joyeeta Gupta (Universidad de Ámsterdam, Países Bajos) y Unai Pascual (BC3 e Ikerbasque, España), entre otros.
Un derecho ligado a la vida y la equidad
“El reconocimiento del derecho a un clima seguro permite exigir protección ante olas de calor, sequías o inundaciones que amenazan la salud, los alimentos o los hogares, y obliga a quienes contaminan a rendir cuentas por atentar contra este derecho colectivo”, explica Villasante.
El estudio subraya que el cambio climático no es únicamente un desafío ambiental o económico, sino una cuestión de justicia que afecta de forma desigual a las comunidades más vulnerables del planeta. Por ello, los autores defienden que las políticas climáticas deben garantizar la protección de los derechos humanos y asegurar una participación inclusiva en la toma de decisiones.
“Los impactos del cambio climático no se distribuyen de manera equitativa. Proteger este derecho implica escuchar a las comunidades afectadas y darles voz en las soluciones”, añade el investigador gallego.
Cinco caminos para hacer efectivo el derecho
El artículo propone cinco líneas de acción para hacer efectivo el derecho a un clima seguro. Plantea la necesidad de alinear las políticas nacionales con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, eliminando gradualmente los combustibles fósiles y reformando los subsidios. También defiende una gobernanza inclusiva que incorpore la voz de pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, agricultores y pescadores artesanales, así como la exigencia de responsabilidad legal a quienes incumplan los compromisos climáticos. Además, subraya la importancia de que los proyectos financiados internacionalmente respeten tanto a las personas como a la naturaleza y de fortalecer la sociedad civil, protegiendo a quienes defienden el medio ambiente y la democracia.
Un cambio en el marco legal internacional
El trabajo se apoya en una base jurídica sólida, inspirada en las recientes decisiones de tribunales internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció el derecho humano a un medio ambiente saludable y los impactos desproporcionados del cambio climático sobre los grupos vulnerables. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableció que un entorno limpio, saludable y sostenible es un requisito previo para la vida y la salud, y fijó el objetivo de 1,5 °C como una obligación legal de los Estados.
Según Villasante, este nuevo marco legal marca un punto de inflexión: “Las reglas del juego han cambiado. Ya no es legítimo que los intereses económicos prevalezcan sobre la protección de la vida. Estamos en una encrucijada histórica: o protegemos el planeta o aceptamos seguir poniendo en riesgo a las generaciones presentes y futuras”.
