¿Abortó el Consejo General el último intento de abordaje de Sánchez a la cúpula Judicial con la elección de Isabel Perelló?

La apertura, mañana, del año judicial que presidirá el Rey supone un cuádruple motivo de satisfacción para la ciudadanía, la Justicia de este país y hasta para el propio Estado de derecho, que tantas amenazas atraviesa, luego de las sucesivas situaciones de interinaje vividas por la cúpula de los jueces a lo largo de los últimos años, primero con Carlos Lesmes –cuatro veces, desde 2019- y después con Marín Castán –el último año-

Ello es posible tras la elección, ayer, de Isabel Perelló para presidir, de entre sus veinte miembros, el Consejo General del Poder Judicial y, a la vez, el Tribunal Supremo. Un difícil parto que precisó de hasta cinco votaciones y, en la última de ellas, la apertura de una tercera vía que sacara del enroque que mantenían, en consonancia ¿u obediencia debida? con la Moncloa, los representantes de la llamada ala progresista.

Satisfacción porque, como se señala, es la primera vez desde 2019 que el Año Judicial se inicia con una presidenta del CGPJ a todos los efectos y que lo será durante los próximos cinco años.

Esperanzada complacencia por cuanto por primera vez una mujer asciende a la cúpula del Poder Judicial, con lo que ello representa para la plena integración del mundo femenino en las más altas cotas de responsabilidad política o judicial.

Indisimulado regocijo por cuanto Perelló accede al cargo con dieciséis de los veinte votos posibles, lo que supone incrementar en cuatro la cuantía mínima precisa –doce votos- para hacerse con el puesto. Ello evidencia una, al menos aparente, ruptura de las repetidas votaciones en función de los sectores a los que se representaba –conservadores y progresistas. Es decir, se afianza una mayoría más que suficiente como para suponer un primer indicio de supeditación de las fidelidades ideológicas a los criterios de profesionalidad exigibles en tan delicada institución.

Por fin, y no es menos relevante, porque los veinte miembros del Consejo han reducido a la insignificancia de cuatro votos a la candidata impuesta desde La Moncloa –Ana Ferrer- y brazo derecho del titular del Constitucional, Conde Pumpido, en lo que se intuía como la última y definitiva cooptación de la Justicia por parte de Pedro Sánchez y la consecuente derriba del Estado de derecho.

Cierto que –no podía ser de otra manera en un Consejo donde solo hay tories (conservadores) y laboristas (progresistas)- han sido los más afines a las tesis de Sánchez los que han elegido de entre los suyos a la nueva presidenta. Pero no es menos cierto que esa aludida tercera vía lo fue a iniciativa de los conservadores –Alejandro Abascal y José Antonio Moreno- y en una acertada jugada maestra que cerró el paso a Ana Ferrer, en lo que era la mayor de las preocupaciones acaso de todo el período del político Sánchez al frente del Gobierno.

Tanto era el deseo de Sánchez de que saliera una de sus candidatas, la citada Ana Ferrer o Pilar Teso, que, según un diario madrileño, las presiones a lo largo del pasado fin de semana “han sido tremendas” hasta el punto de que el bloque progresista llegó a indicar que los conservadores carecían de legitimidad para proponer y solo tenían que decidir entre Ferrer o Teso.

Y es justamente en este último dato, avalado por la cerrazón de las cinco votaciones fracasadas, donde el cronista matiza un desiderátum respecto de lo que debiera ser lógica alegría. ¿Volveremos en el Consejo General del Poder Judicial a la votación en bloques tan reiterativa en el Constitucional?.

La magistrada Perelló tiene la palabra. Bastará con que, predicando con el ejemplo, haga credo de lo que dejó escrito en una importante sentencia al emitir un voto particular, “Se ha de evitar que en el curso de unos pocos días el Tribunal Supremo afirme una cosa y su contraria, desdiciéndose, porque entonces no transmitirá a la sociedad la imagen de que hace justicia sino la de que siembra desconcierto”. No es mal principio para empezar la tarea.