Parlamento Gallego, por la senda del sentido común

Es archirreconocida y publicitada con indisimulada indignación, sin que la protesta tenga el menor viso de incitar a su corrección, la sobreabundancia legislativa que prima tanto en las Cortes Generales como en los parlamentos autonómicos. Por decirlo con un dato referido a 2022. En dicho año se aprobaron en España más de 10.000 normas estatales, autonómicas y municipales que el Banco de España, además del sentido común, considera que es un número excesivo y un importante freno para los negocios.

No digamos ya cuando la normativa se contradice una con otra, según provenga de uno u otro órgano legislativo. Es más, como conoce el lector, el propio Gobierno Sánchez logró que se aprobaran prácticamente al unísono en el Congreso de los Diputados dos leyes de distintos ministerios incompatibles entre sí en buena parte del articulado y ambas con idéntica obligatoriedad para la ciudadanía. ¿A cuál de ellas hacerle caso sin caer en una ilegalidad?

La reflexión viene a cuento por cuanto el Parlamento Gallego inicia estos días una nueva Legislatura y se supone que, como en toda obra que comienza, con el ánimo y la disposición propicias para superar en pundonor y logros a quienes les precedieron. Y ello, como pasó en el pasado, con el riesgo que hay de elaborar leyes absolutamente draconianas y que evidencian que las gruesas paredes del pazo do Hórreo son impermeables al sentido común y necesidades de la ciudadanía. Pero de eso habrá que hablar otro día.

Así que más que sumarse a lo que se conoce ya, no sin ironía, como “motorización normativa” que surge de la urgencia de necesidades inmediatas y que casi siempre se resuelven del modo menos idóneo posible –ahí están los pisos turísticos y su grave afectación futura en el tejido social de las ciudades-, harían bien los parlamentario gallegos en poner pie en pared y asumir, como hace el común de los mortales, que más que un exceso normativo, lo que se precisan son leyes claras, comprensibles por el conjunto de los ciudadanos, adecuadas a las necesidades que pretenden cubrir y que no supongan antes un atranco que una virtualidad.

Y no es mal camino el escuchado en la sesión de investidura de días atrás donde en un alarde de sentido común –falta por saber si sólo como pose o como compromiso formal- la oposición presentó sendas propuestas de pactos sobre aquellos temas que sí urgen, además de soportar la larga cronificación de las causas no resueltas. Un espíritu colaborativo y generoso para llegar a acuerdos sobre sanidad, vivienda, energía o regeneración democrática, como ofrecieron –parece que como voces en el desierto- Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro.

El tema de la macrocelulosa en Terras da Ulloa evidenció posturas encontradas –y enconadas- entre las fuerzas parlamentarias gallega. No sería malo que tanto en este tema como en cuantos se propongan para el futuro se ponga en valor la coordenada de la opinión de la ciudadanía, militen donde militen. Porque si las leyes olvidan que tienen como misión servir a los votantes, mantendrán vigente su coercitiva legalidad pero carecerán de toda legitimidad. Éllas y quienes las aprueben.