Desgracia de la sentencia, gracia del indulto

Si un Jurado Popular hubiese tenido ocasión de pronunciarse, l@s seis compañer@s de La Suiza no hubieran entrado de manera tan oprobiosa para la justicia de éste país en la prisión asturiana de Villabona. Y es que los Jueces no están para estas cosas… como decía el poeta «para enterrar a los muertos cualquiera vale, cualquiera menos un sepulturero».

De nuestro bien cacareado Estado Constitucional «Social y Democrático de Derecho», tanto la dimensión democrática como la social fueron justo botín del pueblo democráticamente organizado.

En el aspecto social, la sociedad se volcó preocupada por la educación, la sanidad, las pensiones, los derechos laborales o de consumidores y usuarios (cuya evolución ha sido el contenido genuino de la incesante actividad de partidos, sindicatos y un sinfín de asociaciones y movimientos sociales de diverso signo).

La dimensión democrática, en tanto que terreno de juego de la política, también ha sido una preocupación plebeya, patrimonio de partidos y sindicatos en el ámbito institucional, pero igualmente presente de manera transversal con mayor o menor especialización en la febril actividad militante de
múltiples asociaciones y movimientos populares.

Sin embargo, se nos ha hurtado en gran medida el debate popular sobre el Estado de Derecho que, dada su especial novedad y complejidad, quedó preferentemente reservado a la cátedra y, sobre todo, al sacralizado ámbito del Poder Judicial. Un poder que representa de facto en nuestro sistema constitucional la encarnación de la última magistratura vitalicia con rasgos sacerdotales, más propios del antiguo régimen. Lo que lleva aparejado un evidente prejuicio respecto a la implantación, extensión y desarrollo del Jurado Popular como fórmula genuina de desacralizar, socializar y democratizar la función jurisdiccional; constitucionalmente encomendada a Jueces y Tribunales de
forma exclusiva, pero no excluyente.

En suma, más allá del relevo generacional, del aumento del número de miembros de la carrera judicial, del creciente acceso de ciudadanos del más amplio espectro social, por inmoderadas inercias históricas, la Judicatura en España sigue componiendo un segmento social con rasgos de casta, refractaria a la democratización y ya no digamos a un sistema radical de selección por sufragio, teóricamente defendible pero que hoy y aquí sería un verdadero anatema.

Mientras le damos vueltas y sobre el telón de fondo de una huelga judicial tan corporativista como difícil de justificar, asistimos escandalizados a los efectos inexorables de una Sentencia que es un ataque frontal a la libertad sindical y a la que necesariamente tendrá que ponerle remedio la responsable y decidida intervención del Poder Ejecutivo, mediante la gracia del indulto.