El Gobierno de Venezuela ha lanzado este miércoles una nueva y explosiva acusación contra la oposición, a la que vincula con un supuesto plan terrorista para boicotear las elecciones regionales y legislativas del próximo domingo. Según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, el complot incluía ataques coordinados contra embajadas, residencias diplomáticas y oficinas de la ONU, así como contra infraestructuras clave del país.
En una rueda de prensa televisada por el canal estatal VTV, Cabello aseguró que los autores del plan contaban con el apoyo de bandas criminales y financiamiento del narcotráfico. “Han perdido el sentido de la política y quieren convertirla en una cloaca”, afirmó, al tiempo que apuntaba directamente a la oposición mayoritaria y a varias ONG, entre ellas Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible, a las que acusó de formar parte de esta supuesta “estructura terrorista”.
Según el ministro, en los últimos diez días se habrían “neutralizado” casi 60 ataques contra instalaciones petroleras, y ya hay más de 70 personas detenidas en varios estados del país, incluyendo Zulia, Aragua, Carabobo, Miranda y Caracas. Entre los arrestados figura el exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, a quien Cabello señala como el “jefe de la red” encargada de coordinar los atentados.
El plan, según el Gobierno, también contemplaba sabotajes en comisarías, hospitales, estaciones eléctricas, centros de transporte, estaciones de servicio e instalaciones petroleras. El objetivo, según Cabello, sería sembrar el caos antes del 25 de mayo, fecha en la que se celebran los comicios locales.
Cabello también hizo públicas supuestas pruebas extraídas de tres teléfonos incautados a Guanipa, donde, según dijo, se encontrarían vínculos directos entre las ONG mencionadas y los planes violentos. “No nos tragamos el cuento de que son defensores de derechos humanos. Es mentira”, declaró tajante.
La ofensiva del Gobierno no se detiene ahí. El fiscal general Tarek William Saab confirmó hace días la detención de Eduardo Torres, abogado y activista de Provea, a quien acusó de utilizar talleres formativos como fachada para organizar focos de violencia electoral. “Difundía mensajes de odio y llamaba a destruir centros de votación”, publicó Saab en su cuenta de Instagram.
Desde la oposición y varias organizaciones internacionales de derechos humanos ya se ha denunciado una escalada represiva por parte del régimen de Nicolás Maduro, especialmente tras el ascenso de Edmundo González Urrutia como principal candidato presidencial para las elecciones del 28 de julio. Guanipa, uno de sus principales aliados, permanecía en la clandestinidad hasta su detención reciente, denunciando desde hace meses persecución sistemática contra dirigentes políticos.
El relato del Gobierno, sin embargo, ha sido puesto en duda por numerosos analistas, que ven en esta ofensiva judicial un intento de deslegitimar y frenar la participación opositora en los comicios. Pero mientras el cruce de acusaciones se intensifica, el país entra en una nueva semana decisiva bajo una tensión política y social en aumento.
