25 abril, 2024
Sacó pecho el líder del gobierno gallego ante la reciente decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso presentado por el ejecutivo central contra la controvertida ley del litoral gallego. Tanto fue así que el propio Alfonso Rueda, instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los principales partidos de la oposición en Galicia, BNG y PSdeG, a que ofrezcan disculpas respecto a dicha normativa.
Durante la sesión de control al Gobierno autonómico en el pleno del Parlamento, Rueda se dirigió específicamente al portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, solicitándole que hable «una última vez» en nombre del Gobierno, dada su experiencia previa como delegado del Gobierno, y que pida «disculpas por el señalamiento, el trato discriminatorio y por negar el pan y la sal a Galicia».
Rueda destacó el revés sufrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, calificándolo de «un palo monumental», acusando posteriormente al socialista de estar confundido, argumentando que «tanto baile de puestos en tan poco tiempo lo pone en una situación complicada», recordando que cuando Besteiro era delegado del Gobierno en Galicia, y se estaba tramitando la ley, «dijo que en ningún caso podía ir adelante porque iba en contra de la Constitución y no le convenía a Galicia».
Por su parte, Besteiro defendió que el PSdeG no se opuso a esa ley, ya que se abstuvo en el Parlamento, y aseguró que nunca afirmó si era constitucional o no. Espera que la Xunta y el PP siempre respeten las decisiones del Constitucional, ya que según su criterio, el PSOE ya lo hace.
El presidente gallego hizo lo propio con Ana Pontón, a la que respondió para criticar la postura del BNG respecto a la mencionada ley del litoral, ante la que se abstuvo, y reclamarle que «pida disculpas» por «meter la pata».
Durante la tramitación de esta ley, antes de su aprobación en el Parlamento en julio de 2023, Xunta y Gobierno central mantuvieron diferencias significativas sobre su contenido, hasta el punto de que el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, consideró en una entrevista radiofónica que el anteproyecto aprobado por la Xunta rozaba la inconstitucionalidad y era «casi una declaración de independencia».