La Xunta prevé que en 2026 se pongan en marcha 550 plazas en residencias municipales

El gerente del Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar, Perfecto Rodríguez, ha informado de que a lo largo del año que viene está previsto que se pongan en marcha las residencias y centros de día de titularidad municipal que han sido construidos o reformados con fondos europeos en 24 pequeños municipios.

Según ha explicado este jueves en una comparecencia a petición propia en la Comisión de Sanidad y Política Social, estos proyectos, distribuidos por las cuatro provincias pero la mayoría en Ourense (16), supondrán más de 550 plazas residenciales y cerca de 120 en centros de día en municipios rurales.

Los proyectos seleccionados, de entre un total de 99 propuestas, se encuentran en los municipios de A Teixeira, Chandrexa de Queixa, Os Blancos, Manzaneda, Verea, A Bola, Piñor, Laza, A Gudiña, Carballeda de Avia, Trasmiras, Xunqueira de Ambía, Ramirás, Avión, A Peroxa, Vilamarín (Ourense); Fornelos de Montes, Dozón y Crecente (Pontevedra); Sobrado, Toques y Boimorto (A Coruña), y Riotorto y Abadín (Lugo).

La financiación total para estas obras, tanto de nuevos centros como de ampliación o reforma de algunos existentes, alcanza los 18,5 millones de euros y está previsto que este mismo mes de octubre se firme una addenda a los convenios establecidos con 20 de los 24 ayuntamientos que lo solicitaron.

La previsión es que «a lo largo de 2026 terminen las obra y se puedan poner en marcha» estas residencias y centros de día, ha manifestado en su comparecencia para hacer balance del plan de inversiones puesto en marcha por la Xunta para la construcción, reforma y ampliación de centros de personas mayores de titularidad municipal.

La diputada del BNG Olalla Rodil ha considerado que este plan de inversiones es «un chantaje y una trampa» para los municipios, dado que supone asumir competencias que no les corresponden y tener que financiar el funcionamiento de los nuevos centros pese a que ya están «asfixiados» económicamente por otros servicios que prestan.

Por eso, ha instado al gerente, dependiente de la Consellería de Política Social, a «asumir como mínimo el régimen de cofinanciación» que existe para las residencias convenidas con el Consorcio, ya que de lo contrario estarán creando «desigualdades» entre los municipios y se tratará solo de «una gran bomba de humo y propaganda a costa de las arcas municipales y los fondos europeos».

El gerente del Consorcio ha asegurado «que no se trata de ningún chantaje», sino de responder a una demanda que hicieron los propios ayuntamientos, como demuestra la gran aceptación que tuvo este plan, al que se presentaron 99 propuestas.

Ha justificado que muchos ayuntamientos querían disponer de centros de titularidad municipal para poder regular el acceso y priorizar la entrada de vecinos del entorno, cosa que no ocurre si son centros promocionados por la Xunta, o por el propio Consorcio, porque los posibles usuarios tendrían que entrar en la lista de dependencia a nivel autonómico.

La diputada del PSdeG Silvia Longueira ha señalado que es evidente que los ayuntamientos demandan más plazas en residencias, y claro que no van a renunciar a las más de 500 que suponen los centros de titularidad municipal, pero «muchas veces solo pueden elegir entre lo malo y lo peor» y a ver después cómo van a hacer para gestionarlos.

Longueira ha reprochado la falta de una plan estratégico de servicios sociales en Galicia, como establece la ley, por lo que ha cuestionado «qué criterios» se siguen para atender a las demandas de los ayuntamientos, dado que no hay «una planificación».

Por su parte, la diputada del PPdeG Raquel Arias ha replicado al BNG que «trampa» es que el Gobierno central no cumpla el 50 % de financiación que le corresponde aportar para el sistema de dependencia en Galicia, una «deuda» que la Xunta cifra en 2.500 millones de euros, que se traducirían «en muchísimas plazas de residencia».