La Xunta financiará un tercio de los 150 profesores universitarios para adaptarse a LOSU

Finalmente, los miembros del Gobierno autonómico en funciones han informado durante una reunión con los rectores de las instituciones académicas públicas gallegas que la Xunta financiará alrededor de un tercio de la contratación de aproximadamente 150 profesores universitarios. Estos profesores podrían incorporarse ya en el próximo curso académico.

Con la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) se introducen variaciones en el profesorado, con el objetivo de buscar estabilización en las plantillas, lo que supone una reducción de la figura del profesor asociado y de las horas de docencia de los ayudantes doctores.

La implementación de estas medidas requerirá la contratación de profesorado, con un coste anual de 6,6 millones de euros, que será compartido entre el Gobierno central y la Xunta. Durante los primeros seis años de vigencia de la nueva ley, dos tercios de la financiación para la contratación de profesorado serán cubiertos por el Gobierno central, mientras que un tercio será responsabilidad del Ejecutivo autonómico.

La Xunta han señalado su intención de reclamar al Ministerio de Universidades garantías del pago «aún con los presupuestos prorrogados» de las plazas que se comprometió a asumir.

Los conselleiros en funciones de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, y de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, sostuvieron una reunión con los rectores de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López; de Vigo, Manuel Reigosa; y de A Coruña, Ricardo Cao, para abordar el tema.

En la reunión han tratado los detalles de las contrataciones -un tema analizado en la última Conferencia General de Política Universitaria- y Rodríguez ha explicado que el Ministerio de Universidades no había ofrecido ningún tipo de diálogo al respecto, «sino que hizo un chantaje a las administraciones autonómicas».

«Se trata de un nuevo ejemplo de ‘yo invito y tu pagas’, que es a lo que nos ha acostumbrado el Gobierno central, que suele imponer nuevas leyes que implican más gasto para las comunidades autónomas, sin acompañarlas de una memoria económica ni de transferencias de presupuestos», ha criticado Rodríguez.

«Somos ahora las comunidades las que tenemos que hacer frente a un problema generado por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario», ha añadido el conselleiro, y ha asegurado que la nueva ley «está generando dificultades presupuestarias en las universidades y, como consecuencia, en las administraciones autonómicas que las cofinancian».

Según Rodríguez, las universidades gallegas son las que tienen cuadros «entre los más estabilizados del Estado», por lo que la medida tiene «menos impacto». En esta línea, expresó su pesar por la posibilidad de que otras universidades fuera de Galicia puedan recibir mayores beneficios de este plan, a pesar de que, en su opinión, no hayan implementado una política laboral interna adecuada. «Existe un agravio comparativo entre las comunidades y las que nos esforzamos por mantener la estabilidad somos descompensadas», ha dicho.

A pesar de su desacuerdo con el plan propuesto por el Ministerio, la Xunta ha optado por cumplir su compromiso y financiar con recursos propios aproximadamente un tercio de las plazas correspondientes, es decir, alrededor de 50.

El Gobierno gallego ha expresado su crítica hacia la falta de claridad respecto a cómo el Gobierno central planea financiar las plazas de ayudante de doctorado a las que se comprometió este año, especialmente dado que no se prevé la aprobación de nuevos presupuestos. «No remitió ni aclara la fecha en la que lo va a hacer el convenio bilateral para este fin», ha asegurado Rodríguez.