
15 noviembre, 2025
La Xunta de Galicia expresó hoy su “total rechazo” al proyecto de Real Decreto promovido por el Gobierno central que reconfigura la estructura del Observatorio Estatal de la Infancia y la Adolescencia y que, según denuncia, dejaría a Galicia fuera de este órgano consultivo.
El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, advirtió de que la propuesta reduciría drásticamente la representación autonómica: de los 17 miembros actuales, uno por cada comunidad, se pasaría a solo seis, mientras que la representación de la Administración General del Estado se ampliaría hasta 20 integrantes. En la práctica, esta modificación supondría la expulsión de Galicia y de otros territorios que ostentan competencias exclusivas en materia de protección de menores.
Rey subrayó que “non existe ningunha xustificación” para esta reducción de la presencia autonómica y negó que pueda ampararse en criterios de eficiencia, ya que el propio proyecto incrementa el peso del Estado dentro del Observatorio. Recordó además que el borrador del texto establece como uno de los objetivos principales del órgano “favorecer el diálogo y la intercomunicación entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales”, un propósito que, según la Xunta, queda desvirtuado por una representación tan desequilibrada.
El responsable autonómico insistió en que el grueso de las competencias en infancia y adolescencia reside en las comunidades autónomas, por lo que considera “incoherente” configurar un órgano estatal donde la participación autonómica resulte claramente minoritaria.
La Xunta también señala como “contradictorio” que el borrador del Real Decreto no incluya como vocales a representantes del Consello Estatal de Participación Infantil e Adolescente, pese a que este organismo tiene como finalidad garantizar el derecho de la infancia y la adolescencia a ser escuchadas, principio recogido tanto en la normativa española como en los tratados internacionales.
Ante esta situación, el Gobierno gallego exige al Executivo central la paralización inmediata de la tramitación del texto y reclama que cualquier modificación del funcionamiento del Observatorio Estatal de la Infancia y la Adolescencia se impulse desde el propio órgano, de forma “consensuada, dialogada e respectuosa co papel das comunidades autónomas”.