28 octubre, 2024
La Xunta de Galicia ha decidido intervenir en el procedimiento de consulta planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la tramitación de proyectos eólicos en la región, para defender el cumplimiento de la normativa ambiental y el rigor en los trámites aplicados. El Consello gallego ha aprobado esta mañana la medida, y la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha declarado que la Asesoría Jurídica General se encargará de formalizar la personación antes del próximo 5 de noviembre, fecha en que finaliza el plazo para presentar alegatos en esta cuestión perjudicial.
El principal argumento de la Xunta para defender sus autorizaciones de parques eólicos se basa en que ni la normativa europea (Directiva 2011/92/UE) ni la ley estatal de evaluación ambiental (Ley 21/2013) exigen que la fase de consulta a las autoridades competentes se realice antes de someter los proyectos a información pública. Ángeles Vázquez recordó que el Tribunal Supremo ya avaló esta postura en dos recientes sentencias sobre el parque eólico de Corme, invalidado inicialmente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), concluyendo que las normativas vigentes no obligan a solicitar informes sectoriales antes de iniciar la fase de información pública.
La Xunta defiende que la tramitación aplicada sigue la ley básica estatal, en consonancia con la normativa comunitaria y con el apoyo del Gobierno central, que también se ha presentado en el procedimiento para respaldar la transposición de la directiva realizada en 2013. Vázquez subrayó que en los once años de vigencia de esta ley, ningún tribunal español había puesto en duda su adecuación al derecho comunitario hasta los pronunciamientos recientes del TSXG, que ha presentado su propia interpretación de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental del Parlamento y el Consejo Europeo, en desacuerdo con el procedimiento de información y consulta pública simultáneo seguido en Galicia.
La decisión del TJUE será clave, ya que fijará si el procedimiento de evaluación ambiental empleado en Galicia desde 2013 se ajusta al marco europeo, clarificando una situación que actualmente genera inseguridad jurídica en el sector eólico gallego. La sentencia, además, establecerá una doctrina aplicable a toda España y los Estados de la UE.
Actualmente, Galicia cuenta con 190 parques eólicos en funcionamiento, alcanzando una potencia de 3.931 MW, mientras que el Plan Sectorial Eólico de Galicia prevé la instalación de 6.500 MW y el objetivo de la Agenda Energética gallega es alcanzar los 8.000 MW para 2030. Sin embargo, la incertidumbre judicial afecta a unos cien parques autorizados, de los cuales 68 ya han sido suspendidos en vía judicial. Esta situación ha llevado a la comunidad a perder liderazgo en potencia instalada, cayendo al cuarto puesto en España.
Para agilizar la tramitación de estos proyectos, la Ley gallega de medidas fiscales y administrativas de 2023 declaró de interés público superior la planificación y construcción de parques eólicos. Además, la futura Ley de administración ambiental simplificada de Galicia, prevista para ser aprobada en 2025, también buscará simplificar los trámites de proyectos de especial interés, priorizando las energías renovables en línea con la normativa europea y el plan REPowerEU para una UE energéticamente independiente.