La Xunta anuncia más de 1.100 plazas en su oferta de empleo público

La Xunta de Galicia ha presentado su oferta de empleo público (OEP) para 2025, que contempla un total de 1.103 plazas en la Administración general y en las entidades instrumentales del sector público autonómico. Así lo anunció hoy el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, quien subrayó que la convocatoria busca “reforzar la Administración con más empleados públicos”.

De las plazas ofertadas, 803 corresponden a acceso libre y 300 a promoción interna, dirigida al personal funcionario de carrera. Rueda destacó que la Xunta aplicará la tasa máxima de reposición permitida por el Estado, siguiendo los presupuestos de 2023, lo que garantiza la posibilidad de acceso a un empleo fijo, estable y de calidad.

Entre las 803 plazas de acceso libre, más de 370 se destinan a los principales cuerpos y escalas de la Administración general, incluyendo personal de limpieza y cocina, personal subalterno, cuerpos auxiliar y administrativo, así como plazas en los cuerpos de gestión y superior. También se incluyen puestos para las escalas de letrados/as, finanzas y técnica de finanzas. Además, más de 380 plazas se destinan a escalas de administración especial, destacando 138 plazas del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales, de las cuales el 90 % serán para bomberos forestales y el resto para jefes de brigada. Asimismo, se convocarán plazas para cuidadores/as, agentes técnicos de gestión ambiental y auxiliares de cocina, y 38 plazas de acceso libre en entidades del sector público instrumental autonómico.

La oferta también contempla 300 plazas reservadas para promoción interna, dirigidas a empleados públicos que ya son personal funcionario y que pueden optar a ascensos o puestos de mayor responsabilidad y retribución. Estas plazas incluyen cuerpos superiores, de gestión, administrativos y auxiliares, así como puestos para inspectores e inspectoras de consumo.

El presidente de la Xunta destacó que el 11,7 % de las plazas estarán reservadas a personas con discapacidad, superando el mínimo legal del 7 % establecido para facilitar su acceso a la función pública, y que parte de estas plazas estarán destinadas a personas con discapacidad intelectual.