La CIAT extiende las regulaciones para la pesca de atún en el Pacífico oriental, beneficiando a la flota española

La Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) ha decidido extender las medidas de regulación de la pesca de túnidos en el Pacífico oriental por dos años más, lo que permitirá a la flota española, la única de la Unión Europea (UE) que opera en esta región, mantener sus cuotas de captura. Esta decisión favorece a 38 buques palangreros con base en Galicia y a cuatro barcos cerqueros del País Vasco, que se dedican a la pesca de especies como el patudo, el listado y el rabil, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La prórroga de las regulaciones fue acordada durante la 108ª sesión de la CIAT, celebrada la semana pasada en Panamá. Las autoridades constataron la efectividad de las medidas implementadas hace dos años, las cuales han contribuido a mantener la buena salud de los stocks de patudo y listado. Por ello, se ha decidido prolongar las restricciones por dos años más. En el caso del rabil, se acordó que las medidas podrían ajustarse según los resultados de futuras evaluaciones científicas sobre el estado de esta especie.

Las medidas vigentes para el periodo 2022-2024 están basadas en un modelo de gestión que limita el esfuerzo pesquero, restringiendo la capacidad y los días de actividad. Además, se mantiene una veda de 72 días en el área de aplicación, con una extensión de 8 días adicionales para los barcos con mayores capturas de patudo.

Para la flota palangrera, la CIAT aprobó nuevas disposiciones que buscan garantizar la liberación segura de tiburones vivos y continuar con los estudios sobre las poblaciones de especies vulnerables. El MAPA destacó que estas medidas son beneficiosas para la flota española, que ya implementa prácticas sostenibles y captura especies de tiburones comerciales con stocks en buen estado.

Además, la comisión aprobó dos propuestas impulsadas por la UE. La primera busca mejorar el control de los buques de captura y las granjas, armonizando el marco regulatorio con el que rige la pesca en el Atlántico y el Mediterráneo. La segunda medida consiste en solicitar al Comité Científico Asesor una recomendación sobre la viabilidad de instalar dispositivos de control de peces, similar a lo que ya se ha aprobado en el océano Índico.