Galicia mantiene la tramitación de la ley que veta vapeadores y energéticas a menores

El proyecto de Ley de protección de la salud de menores y prevención de adicciones, que prohibirá la venta, el consumo y la tenencia de vapeadores y bebidas energéticas a menores de edad, seguirá su tramitación en el Parlamento gallego, a pesar de las críticas de la oposición sobre su seguridad jurídica y su enfoque sancionador.

El texto superó su debate inicial en el pleno, tras rechazarse la enmienda a la totalidad presentada por el BNG, que solicitaba la devolución del proyecto para su reelaboración. El PPdeG votó en contra de la devolución, mientras que PSdeG y Democracia Ourensana se abstuvieron.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió la ley como una iniciativa pionera y basada en evidencia científica, que situará a Galicia a la vanguardia como la primera comunidad autónoma de España en prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas a menores en lugares públicos y en equiparar los vapeadores al tabaco.

Caamaño advirtió sobre los riesgos de estas sustancias: una lata de 250 mililitros de bebida energética puede provocar en adolescentes taquicardia, nerviosismo, irritabilidad, insomnio y arritmias; mientras que los cigarros electrónicos contienen sustancias tóxicas que pueden causar cáncer y triplican la probabilidad de que los adolescentes comiencen a fumar tabaco convencional.

El conselleiro subrayó que la ley no pretende prohibir por prohibir, sino proteger a los menores y prevenir conductas de riesgo. Además, avanzó la creación de un espacio web específico para facilitar denuncias sobre posibles infracciones.

Sin embargo, la oposición ha cuestionado el proyecto. La diputada del BNG, Montse Prado, calificó la ley de «tremendamente ambigua» y alertó de que criminaliza a la juventud al imponer un régimen sancionador que considera desproporcionado: un menor podría enfrentarse a multas de hasta 15.000 euros, y hasta 120.000 euros en caso de reincidencia, únicamente por portar una bebida energética en la vía pública.

La diputada del PSdeG, Elena Espinosa, coincidió en señalar que el texto es «ambiguo y difuso», y consideró que se limita a una declaración de intenciones salvo en lo que respecta a los deberes de los concellos. No obstante, los socialistas no presentaron enmienda a la totalidad y confiaron en mejorar la ley durante la fase de enmiendas parciales. Espinosa también propuso que la Xunta esperase a la legislación estatal sobre bebidas alcohólicas a menores para actuar posteriormente como complemento autonómico.

Por su parte, la diputada del PPdeG, Encarna Amigo, defendió la ley como una herramienta moderna y necesaria, y calificó el régimen sancionador como proporcionado y educativo, destinado a proteger y educar a los jóvenes, y no a criminalizarlos.

Caamaño insistió en que la intención del Gobierno gallego es empoderar a la juventud, aunque la oposición considera que, aunque necesaria, la ley debería plantearse de otra manera.