17 octubre, 2024
Galicia destaca en la gestión de solicitudes de dependencia en España, con un 90% de aprobaciones, según revela el ‘Estudio socioeconómico de la atención residencial para personas en situación de dependencia en España’. Este informe, elaborado por la Unión de Entidades y la patronal de residencias ACRA, presentado en Barcelona, muestra que el índice de resoluciones favorables en Galicia es significativamente superior al de otras comunidades. En contraste, Asturias apenas alcanza un 69% de aprobaciones.
El estudio evidencia las diferencias regionales en la gestión de las solicitudes de dependencia en el país. Mientras que en Galicia nueve de cada diez solicitudes son aprobadas, en regiones como Cataluña, Andalucía, Extremadura, La Rioja y el País Vasco, las resoluciones favorables se sitúan entre el 70% y el 75%, lejos de los niveles gallegos. Estas disparidades ponen de manifiesto la variabilidad en la aplicación de la Ley de Dependencia, a pesar de ser una legislación de ámbito nacional.
Este también arroja luz sobre el número de personas en lista de espera para recibir una prestación. Cataluña lidera con 48.470 personas pendientes de resolución, seguida de Andalucía (35.558), la Comunidad Valenciana (15.501), el País Vasco (14.769) y Madrid (8.062). Estos cinco territorios agrupan casi el 80% del total de personas en espera en España, lo que supone una carga significativa para los sistemas de atención a la dependencia en estas regiones.
Por otro lado, Castilla y León destaca por no tener lista de espera, una situación que se explica por la concesión de una prestación económica desde el momento en que los solicitantes presentan la solicitud de dependencia, aunque dicha ayuda es reducida. Este mecanismo permite a la comunidad ofrecer una respuesta rápida, aunque no necesariamente completa, a las personas dependientes.
Madrid se sitúa a la cabeza en cuanto al porcentaje de solicitudes resueltas, alcanzando un impresionante 99,92% de resoluciones sobre el total de solicitudes presentadas en 2023. En el extremo opuesto, Canarias tiene el índice más bajo de resoluciones, con un 83,85%, mientras que Cataluña, a pesar de su gran volumen de solicitudes, se sitúa por debajo de la media nacional, con un 92,81%.
A nivel nacional, el número de solicitudes del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) ha crecido de manera constante desde 2020, alcanzando 1.944.185 solicitudes en 2023, lo que supone un incremento del 5,08% en comparación con 2022. De estas, el 94,32% fueron resueltas, aunque 117.187 solicitudes permanecen sin respuesta, una cifra que, aunque alta, ha descendido en 14.623 respecto al año anterior.
En este sentido, una de las grandes preocupaciones en el ámbito de la dependencia sigue siendo el tiempo de espera para que las solicitudes sean resueltas. El estudio revela que el tiempo medio de espera en España es de 324 días, es decir, casi un año. Aunque se ha registrado una reducción de 20 días en 2023 respecto a 2022, la demora sigue siendo un obstáculo significativo para las personas en situación de dependencia, que necesitan una respuesta urgente.
En cuanto a los beneficiarios con derecho a prestación, Andalucía lidera de nuevo con 286.600 personas, seguida de Cataluña con 201.720, Madrid con 177.795 y la Comunidad Valenciana con 146.290, lo que suma un total de 1.411.866 personas con derecho a prestación en todo el país.
El estudio subraya las importantes diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a la gestión de la dependencia. A nivel nacional, el 75% de las solicitudes generan un derecho a prestación, pero esta cifra varía considerablemente entre regiones. Galicia, con un 90% de resoluciones favorables, se coloca como una de las comunidades más eficientes en la gestión de la dependencia, mientras que otras, como Asturias, se quedan rezagadas con solo un 69% de solicitudes aprobadas.
El informe destaca la importancia de que las comunidades autónomas armonicen sus procedimientos para reducir las disparidades en el acceso a los servicios de dependencia. Las diferencias en la gestión de las solicitudes, los tiempos de espera y las tasas de aprobación reflejan la necesidad de un enfoque más coordinado a nivel estatal, que garantice un acceso equitativo a las prestaciones para todas las personas dependientes, independientemente de la comunidad en la que residan.