Galicia busca un diálogo con el Gobierno central para desbloquear 52 proyectos eólicos suspendidos por vía judicial

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de Galicia, Ánxeles Vázquez, ha anunciado su intención de solicitar una reunión con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. El objetivo es abordar la situación de los proyectos eólicos en Galicia, de los cuales 52 están actualmente suspendidos por decisiones judiciales.

En declaraciones a los medios, Vázquez señaló que planea pedir la reunión en los próximos días para conocer la postura del Gobierno central y discutir «qué medidas va a adoptar» ante las decisiones judiciales que, según ella, están perjudicando a Galicia.

Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ordenó la suspensión cautelar de tres proyectos de parques eólicos, lo que afecta a medio centenar de iniciativas debido a posibles daños al medio ambiente y al patrimonio natural.

La conselleira expresó su «máxima preocupación» por esta «nueva parálisis» y advirtió que la situación actual compromete la descarbonización de Galicia. Según Vázquez, las medidas judiciales están haciendo que Galicia pierda su «liderazgo» en la generación de energías alternativas. «Estábamos en primera posición y ya dejamos de estarlo», subrayó.

La paralización de estos proyectos eólicos «influye directamente en el resto de iniciativas», que podrían terminar desarrollándose en otras comunidades en detrimento de Galicia, apuntó Vázquez.

Aseguró que la Xunta lleva a cabo el proceso de evaluación ambiental de forma «lo más rigurosa posible», con consulta pública e informes técnicos «objetivos, rigurosos e imparciales». Destacó que «cerca del 50% de los proyectos presentados recientemente fueron rechazados por motivos ambientales» tras «rigurosos análisis» de los técnicos de la Xunta.

El TSXG aplicó la suspensión cautelar a varios proyectos alegando la falta de garantías suficientes sobre el impacto ambiental de la construcción de aerogeneradores y líneas de transporte de energía. Esto ocurrió después de que la Xunta implementara un sistema abreviado para agilizar las concesiones administrativas.

Sin embargo, varios grupos ecologistas que presentaron demandas han cuestionado la transparencia de los procesos de información pública, que luego fueron modificados por la Xunta, así como el fraccionamiento artificial de algunos parques para simplificar trámites. Estos grupos piden un sistema de gestión que ofrezca más beneficios a los municipios y que sea más respetuoso con el patrimonio natural.