El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Gobierno central contra la ley del litoral gallego

El Tribunal Constitucional ha rechazado de forma unánime el recurso presentado por el Gobierno central contra la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (LOLGA).

Según indicaron fuentes jurídicas, el Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado 70 de las 72 impugnaciones incluidas en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo.

La norma fue aprobada por el Parlamento gallego el 4 de julio de 2023, con los votos a favor del partido mayoritario en la Cámara, el PP, y la abstención de los grupos de la oposición, BNG y PSdeG, sin embargo, el Gobierno central presentó un recurso ante el Constitucional el 11 de octubre, argumentando que esta invadía «competencias estatales» en algunos aspectos, lo que llevó a la suspensión de la norma a la espera de la resolución del recurso.

Tras un período de intercambio de declaraciones, el Gobierno gallego decidió en noviembre iniciar su respuesta jurídica tras recibir el informe del Consejo de Estado en el que se basaba el recurso.

Esta sentencia del Tribunal Constitucional descarta la necesidad de que Galicia modifique su Estatuto para otorgar autorizaciones de utilización y ocupación del demanio, al entender que esta función ejecutiva está incluida en su competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y del litoral.

Además, esta rechaza que la regulación de los instrumentos de ordenación del litoral y de los usos concretos contravenga disposiciones de la legislación estatal sobre el dominio público marítimo terrestre, así como que tambiñen declara inconstitucionales dos puntos de los 72 recurridos: la ocupación del dominio público marítimo-terrestre por sistemas de recogida, almacenamiento, tratamiento y vertido de aguas residuales, y el trato privilegiado de las embarcaciones gallegas frente al resto.

Tras conocer el fallo, el presidente gallego, Alfonso Rueda, expresó en redes sociales que «Galicia podrá ejercer su derecho a ordenar su costa» y lamentó «la falta de diálogo y el trato discriminatorio del Gobierno Central».