El PSdeG eleva una queja a la Presidencia del Parlamento por «ocultación» de la Xunta

Los diputados del PSdeG Patricia Iglesias y Aitor Bouza han avanzado este viernes que su grupo ha elevado a la Presidencia del Parlamento un escrito de queja y una solicitud de amparo por la «ocultación» de la Xunta de diferente información y, en concreto, la relativa a la sociedad público-privada Impulsa.

En rueda de prensa, Iglesias -que es secretaria de la Mesa- ha dicho que más allá de esta «queja formal», en su partido no descartan recurrir a «cualquier tipo de vía» alternativa, porque la actuación de la Xunta respecto a facilitar la información a los diputados «parece un pitorreo absoluto».

Así las cosas, ambos parlamentarios han denunciado este viernes el «bloqueo y ocultación» de la Xunta a la documentación requerida por el Parlamento con respuestas que incluso suponen una «falta de respeto», han señalado.

Patricia Iglesias ha recordado que «hay obligación de dar copia de expedientes administrativos» siempre que haya «un solo euro de dinero público», por lo que al PSdeG no le sirve la excusa de que Impulsa era una sociedad privada cuando también tenía participación pública.

Además, también ha puesto el foco en este instrumento «estrella» de la Xunta, que «de repente se disuelve», con lo que, en su opinión, se «demuestra el fracaso absoluto de la política industrial» del Ejecutivo gallego.

Además, también ha denunciado que el presidente gallego, Alfonso Rueda, «ordena el veto informativo» a los contratos relativos a la empresa Equipo Económico, consultora vinculada al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

A este respecto, Bouzas ha hecho referencia a los informes encargados por la Xunta relativos al proceso de reestructuración bancaria en Galicia, con la fusión de las cajas, y que, ha asegurado, eran un «corta y pega».

El parlamentario socialista ha criticado que no se permita realizar copias de esos informes por los que la Xunta pagó 170.000 euros y que se limitan a un «power point sin utilidad práctica» pero que se paga a «precio de oro».

Ha asegurado que se trata de informes que podían haber sido realizados por funcionarios de la administración autonómica, por lo que interpreta que se encargaron con el único fin de «favorecer empresa amiga».

Más allá de esta petición, Bouza ha recriminado que la Xunta niega sistemáticamente los datos que pide la oposición, incluso cuando se pregunta por partidas destinadas a administraciones locales, a lo que responden con cuestiones que suponen una «falta de respeto» al no ofrecer los datos concretos y animar a los diputados a que «hagan las cuentas».