El impacto de los ataques del lobo; más de 700.000 euros en aportaciones a ganaderos

La Xunta de Galicia destinó durante el pasado año 2023 más de 700.000 euros para compensar a los ganaderos por los ataques del lobo . La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda en funciones, Ángeles Vázquez, ha expresado que el Gobierno central acumula un retraso de dos años en la transferencia de fondos a Galicia para abordar esta problemática.

Durante su visita a una explotación ganadera en el ayuntamiento de A Pastoriza (Lugo) el pasado sábado, Vázquez informó que la administración autonómica concedió cerca de 1.150 aportaciones el año pasado, por un total de 713.000 euros, con el fin de ayudar al sector agroganadero y mitigar los daños causados por el lobo entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023.

Según la resolución de las ayudas publicada esta semana por el Diario Oficial de Galicia (DOG), 17 de estas ayudas superaron los 3.000 euros. Además, se otorgaron otras 1.131 aportaciones por montos menores, que sumaron algo más de 644.000 euros en inversión total.

La provincia de Lugo recibió la mayor cantidad de ayudas debido a los mayores daños por ataques de lobo, con un total de 625 expedientes aprobados y un presupuesto de más de 384.000 euros. Por su parte, la provincia de Ourense contabilizó 277 aportaciones (cerca de 150.000 euros), A Coruña 204 (más de 157.000 euros) y Pontevedra 42, con poco más de 21.500 euros concedidos.

Además de estas aportaciones, la Xunta destinó este año más de 1,9 millones de euros para medidas preventivas contra los daños del lobo en el sector agroganadero, como protectores y defensores del ganado, pastores eléctricos, cercas móviles y la contratación de cuidadores de ganado extensivo.

Vázquez expresó su preocupación por el retraso de dos años en la transferencia de fondos por parte del Gobierno central, lo que supone un perjuicio para el sector ganadero gallego. Señaló que los fondos de 2023 aún no se han distribuido, y los de 2022 están sujetos a un recurso contencioso-administrativo presentado por la Xunta debido a la exclusión de Galicia del reparto entre las autonomías y a la decisión unilateral y arbitraria del Gobierno central de bloquear dichos fondos.