Redondo ve «exigente pero no inalcanzable» el blindaje del aborto en la Constitución

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este lunes que el proceso para blindar el aborto en la Constitución será «exigente», aunque se ha mostrado convencida de que no será inalcanzable, pese a que necesita el voto favorable de tres quintos del Congreso de los Diputados y del Senado.

«Es un procedimiento exigente, pero no inalcanzable», ha subrayado Redondo durante su intervención en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en la que ha defendido que los derechos de las mujeres no pueden depender de «coyunturas políticas» o de «interpretaciones variables de la ley», en sus palabras.

La ministra ha recordado que el aborto «no es una cuestión moral», sino que se trata de una «cuestión jurídica y de justicia social».

«No impone el ejercicio del aborto, no obliga a nadie a hacerlo. Asegura que toda mujer pueda decidir libremente sin coacción, miedo o sin poner en riesgo su integridad física y moral», ha explicado Redondo sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

La titular de Igualdad ha alertado de que existen «intentos profundamente regresivos» de tumbar esta norma, entre los que ha citado la medida aprobada por el Ayuntamiento de Madrid para ofrecer a las embarazadas charlas sobre el supuesto síndrome posaborto y las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que invitó a las mujeres que quieran abortar a irse «a otro lado».

«Vulneran la ley y la Constitución», ha advertido Redondo sobre estas prácticas.

En este sentido, la ministra ha explicado la voluntad del Gobierno de incluir el aborto en la Constitución a través de la inclusión de un cuarto apartado en el artículo 43.

Para el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea, que ha dicho discrepar en el fondo y en la forma de la propuesta, hacerlo así debilitará el derecho de las mujeres.

«Estamos transmitiendo que hoy en día las mujeres no tienen garantizado ese derecho, y eso no es así», ha resaltado Agirretxea, quien ha pedido no generar «zozobra» entre las mujeres jóvenes.

El diputado ha exigido que, en todo caso, se incluya el aborto entre los derechos fundamentales y no entre los principios rectores de la carta magna, aunque ha asegurado que el fallo de 2023 del Tribunal Constitucional desestimando el recurso del PP contra la ley del aborto ya supone una «garantía jurídica importantísima».

Lo mismo cree ERC, desde donde opinan que la iniciativa busca «tapar los problemas» de Igualdad.

«Sabe que es imposible, que no conseguirá los votos», ha subrayado la diputada republicana Pilar Valluguera, quien ha acusado a Redondo de hacerles «perder el tiempo».

Para Sumar, el derecho no está garantizado. «Ninguna Constitución estará completa hasta que las mujeres tengan derecho en exclusiva a decidir sobre su propio cuerpo», ha apostillado la diputada Esther Gil de Reboleño.

Desde Vox han acusado al PSOE de usar esta propuesta como una «medida de distracción» para ocultar sus escándalos y han definido la ley del aborto como un «grave destrozo a la sociedad española».

En ello ha coincidido el PP, que ha acusado a los socialistas de utilizar los derechos de las mujeres como un «cálculo político» para recuperar el voto femenino y ha pedido a Redondo dimitir.

La ministra también ha presentado el anteproyecto de la ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, una norma que considera indispensable, porque, según ella, «nombrar es proteger», y sin una definición legal clara «muchas víctimas y menores quedan fuera de la protección institucional».

«Detrás de cada niño o niña asesinados hay una historia de advertencias no escuchadas, señales ignoradas, procedimientos judiciales que llegaron tarde o no protegieron lo suficientemente a tiempo a las víctimas», ha lamentado.

Por último, la ministra ha avanzado que la ley contra la trata está «muy avanzada» y espera que pueda pasar por primera lectura del Consejo de Ministros en las «próximas semanas».