Más de siete años después del asesinato de su hijo Gabriel Cruz a manos de Ana Julia Quezada, Patricia Ramírez ha reaparecido públicamente en un acto celebrado en el pabellón de la Diputación de Almería para denunciar la situación que vive. La madre del niño de 8 años, visiblemente afectada, asegura sentirse desprotegida y señala múltiples irregularidades ocurridas en la prisión de Brieva (Ávila), donde Quezada cumple prisión permanente revisable.
Amenazas desde la cárcel y denuncias ignoradas
Patricia Ramírez ha revelado que ha recibido amenazas tras detenerse la producción de un documental true crime que contaba con la participación de Ana Julia Quezada. Según sus palabras, la asesina de su hijo habría manifestado que quería matarla porque había frustrado el proyecto audiovisual. «Estoy aterrada porque, según mis fuentes, incluso su círculo también querría vengarse», explicó Ramírez.
Además, Patricia asegura que, tras pedir la protección de sus datos personales, descubrió que información sensible, como su dirección y teléfono, ya había llegado a manos de un funcionario presuntamente vinculado con Quezada. «Si esto es proteger a las víctimas, que venga Dios y me lo diga», lamentó con indignación.
Relaciones indebidas y tráfico de móviles en la prisión
La madre de Gabriel también denunció que, según sus fuentes, Ana Julia Quezada habría mantenido relaciones sexuales con cuatro trabajadores de la prisión a cambio de teléfonos móviles, con el objetivo de participar en el documental. Según Patricia, los dispositivos habrían sido movidos tras un chivatazo el mismo día en que ella denunció los hechos ante la Guardia Civil.
“Los móviles acabaron en el domicilio de uno de los funcionarios, pero luego seguían diciendo que Quezada continuaba grabando”, explicó. Además, apuntó a la posible implicación del abogado de la condenada en el movimiento de dinero relacionado con el documental. A pesar de sus denuncias, no le han permitido personarse como acusación particular, ya que no la consideran “perjudicada”.
Sin respuesta de la Fiscalía
Patricia Ramírez también ha criticado la falta de apoyo de la Fiscalía de Ávila, ya que, tras contactar para informar sobre nuevas amenazas y solicitar protección, recibió una respuesta dilatoria. “Me dijeron que tardarían en atenderme, y cuando pedí una cita, me comunicaron que otro fiscal estaba a cargo. No me reciben”, expresó con frustración.
Durante su comparecencia, Patricia no pudo contener las lágrimas: “Estoy intentando rehacer mi vida, estudiar criminología y psicología para superar el duelo, pero no puedo. Me siento impotente. No duermo bien y no recibo el respaldo que necesito”.
Clamor por la protección de las víctimas
Ramírez hizo un llamamiento a las autoridades para que se garanticen los derechos de las víctimas: “Apelo a que nos protejan, que no permitan que otras personas pasen por esto. Hay que hablar de lo que realmente importa: del incumplimiento de las normativas de protección”.
Ante los periodistas, también dirigió un mensaje a las instituciones: “Espero un trato respetuoso por parte de Interior y Justicia, no respuestas a través de los medios. Necesito que la Fiscalía me escuche, que se destape todo y que se llegue al fondo de este asunto”.
“No voy a dejar de hablar”
Patricia Ramírez concluyó su intervención con un mensaje firme: “No voy a dejar de decir lo que tenga que decir, afecte a quien afecte. Ya es hora de que se reconozcan los errores cometidos hasta ahora”. Tras su comparecencia, Ramírez dejó claro que su lucha por justicia no terminará aquí y que seguirá denunciando cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad.
