La Ley del Jurado cumple 30 años en plena actualidad y pendiente de reformas

La Ley del Jurado cumple 30 años en un momento en el que esta figura vuelve a estar de actualidad ante un posible juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y en medio de la controversia sobre su imparcialidad y la complejidad de los hechos que juzga.

Homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios, infidelidad en la custodia de presos o documentos, cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios son los delitos competencia del jurado.

Precisamente es el delito de malversación por el que el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que la mujer del presidente del Gobierno sea juzgada ante un jurado popular.

Desde su entrada en vigor el 23 de noviembre de 1995, más de 14.600 casos han sido juzgados por jurado popular: nueve ciudadanos elegidos por sorteo, que deciden sobre la culpabilidad del acusado, aunque después es el presidente del tribunal el que fija la pena.

En el último año, fueron un total de 517 casos y el porcentaje de sentencias condenatorias rozó el 93 %.

El índice de revocaciones de las sentencias es similar al de los tribunales profesionales, lo que demuestra -a juicio de los defensores de esta figura- que no se equivocan más que ellos.

Un veredicto motivado: el gran éxito del modelo español

Para Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el gran éxito del modelo español deriva de la obligatoriedad de que el veredicto sea motivado. Y para explicarlo se remite -en una entrevista con EFE- al famoso caso Wanninkhof, en el que Dolores Vázquez fue primero declarada culpable y luego inocente del asesinato de Rocío Wanninkhof.

«El jurado condenó a Dolores Vázquez… y el TSJ lo anuló porque el jurado no supo maquillar los prejuicios que en ese caso tuvo y se detectaron fácilmente» al motivar el veredicto. «Si hubiera sido juzgada por un tribunal profesional, a lo mejor esta señora podría estar todavía en la cárcel», porque «tanto los fiscales como los jueces podemos disimular nuestros sesgos porque sabemos cómo hacerlo».

Este fiscal, firme defensor de la figura del jurado, reconoce, sin embargo, la conveniencia de reformar la ley. «Para mí una ley ideal sería la que dejara los delitos contra la vida y quitara los demás».

«Es más sencillo porque todo el mundo entiende qué es matar y porque en el derecho siempre nos hacemos dos preguntas: primero si hay delito y después quién es el autor. En el delito contra la vida, la existencia de un delito ya está hecho».

Por contra, señala, hay delitos contra la administración pública que son muy complejos técnicamente. Estos deberían quitarse o bien establecer la posibilidad de que si son muy complejos puedan llevarse por tribunales profesionales.

Y ante un posible juicio a Begoña Gómez, mantiene que hay garantías de que el jurado no esté sesgado por sus condicionamientos ideológicos. «Si yo junto a nueve personas con ideologías diferentes, la neutralización de los sesgos es mucho mayor que si junto a tres magistrados de una sala. Si hubiera sesgos, al final serían fáciles de detectar».

Consolidación del fenómeno de huida del jurado

Más críticos con la figura del jurado popular son los catedráticos de Derecho Procesal consultados por EFE.

Para el catedrático de la Universidad de Burgos Julio Pérez Gil, el jurado tiene un papel «mas ornamental o simbólico que real» y observa que la experiencia ha demostrado que se ha consolidado el fenómeno de «huida del jurado», por el cual los profesionales hacen todo lo posible para eludir que se tenga que celebrar un juicio por jurado con «maniobras un poco llamativas».

«Casos que están en el filo y empujan la calificación hacia un lado o hacia otro con el fin de que sea juzgado con jurado o no… Eso lo vemos, por ejemplo, en delitos como las amenazas, que está en el ámbito del tribunal del jurado, pero que, si se califica como vejaciones o injurias, queda fuera».

Pérez Gil considera necesaria una reforma, aunque asume que en la actualidad hay otras prioridades. «Esta ley en realidad no molesta y hay otras reformas más urgentes» y, a diferencia de Martín, ve en la necesidad de motivar el veredicto una especie de contradicción de la ley.

«La consecuencia en la práctica es que la inmensa mayoría de los veredictos del jurado que se revocan por parte de los órganos jurisdiccionales superiores es por falta de motivación o por motivación irracional. Es decir, que en el fondo queremos un jurado, pero, al final, hay unos jueces profesionales que dicen si está bien o mal hecho», argumenta.

El catedrático de la Universidad de Barcelona Jordi Nieva-Fenoll es aún más crítico. «Todo el mundo sabe que esta es una mala ley, con muchísimos efectos que ya se detectaron desde un principio» y destaca que se trata de un órgano de personas «sin ninguna experiencia a las que sacan de sus casas para hacer algo bastante complejo, incluso para los jueces, como es juzgar la responsabilidad criminal de alguien en delitos graves».

En cuanto a la motivación del veredicto, este catedrático señala que ahí se comprueba cómo la fundamentación del jurado no es correcta y cree que lo acertado sería limitar su ámbito de acción a delitos menores.

Un procedimiento enormemente costoso

Víctor Moreno, catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid, apunta también a su «elevado coste». «Desde la selección de los jurados al veredicto, el desembolso económico que requiere el jurado y el tiempo que los ciudadanos deben aportar a la justicia puede resultar inasumible si se pretende que todos los procesos penales por delitos se decidan por medio del tribunal de jurado».

En el mismo sentido se pronuncia el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, para quien el procedimiento del jurado es «enormemente costoso» y muestra su inquietud por que un juicio pueda decidirse no conforme a criterios jurídicos, sino de otra índole, como emocionales.

«El jurado no está acostumbrado a la labor de juzgar. Quiero decir que los jueces tenemos opiniones, creencias e ideologías… Pero estamos acostumbrados, porque es nuestro trabajo, a hacer el esfuerzo de aparcarlas para decidir lo más objetivamente posible. El jurado no, por lo que es más probable que se deje arrastrar por ellas. Es más permeable a una argumentación dirigida al corazón en vez de a la razón», argumenta.

El magistrado y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, cree que en esa hipotética reforma habría que mejorar la regulación de la conexidad con otros delitos, ya que se emplea «indebidamente» para tratar de evitar que algunos hechos se enjuicien por el jurado.

Por otro lado, apuesta por ampliar los delitos a los que se aplica.

Ser jurado transforma la visión que el ciudadano tiene de la Justicia

Rodríguez hace hincapié en el papel de la ciudadanía que forma parte de esto jurados. «La ciudadanía tiene conocimiento suficiente para juzgar los asuntos que se le encomiendan. Nos sorprenderíamos de la dedicación, atención y ganas que emplean las personas que forman parte de un jurado».

Este es también uno de los aspectos que subraya Félix Martín (UPF) tras participar en varios de estos juicios.

«Cuando ha acabado el juicio, vamos a hablar con los jurados y es súper emocionante porque al final sí que les gusta… Les transforma como ciudadanos y cambia incluso la visión que tienen de la Justicia. Cuando esas personas se van a su casa, van diciendo: el principio de presunción de inocencia funciona, la policía trabaja bien y trabaja sin sesgo… Es muy importante que la ciudadanía vea que el estado de Derecho funciona».