España pide a la ONU y a la UE que velen por los derechos humanos de la flotilla

El Gobierno se ha dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a las autoridades europeas para pedir que se garanticen los derechos humanos para los integrantes de la Global Sumud Flotilla, después de que los activistas españoles detenidos denunciaran malos tratos recibidos en la prisión israelí de Saharonim.

Así lo ha asegurado la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada si el Ejecutivo prevé adoptar alguna iniciativa para determinar si Israel ha violado la legalidad internacional por interceptar a los integrantes de la flotilla y por el trato que han denunciado sus integrantes.

Alegría ha explicado que ya se han dirigido tanto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU como a la alta representante de la Unión Europea para pedir que se vele por el «respeto» de los derechos humanos.

Tras señalar que el Ministerio de Asuntos Exteriores está hablando y teniendo conversación con los 47 miembros de esta flotilla, la ministra portavoz ha añadido que los pasos que vayan a dar los darán a conocer posteriormente.

Entre tanto, ha recordado que la Fiscalía ha abierto una investigación para poder constatar lo denunciado, como demuestra el hecho de que al regresar 27 ciudadanos españoles había un médico forense para hacer esas primeras valoraciones voluntarias a quienes quisieran.

La ministra ha recalcado que el Gobierno de España ha trabajado «sin descanso» desde el primer momento para garantizar la libertad, la seguridad y el regreso de inmediato de todas las personas que estaban en la flotilla y de las que fueron retenidas.

En este sentido ha recordado que han llegado a España 48 de los 49 españoles y que ahora la «prioridad» es que pueda regresar la última española que está en Israel, por lo que, ha subrayado, no escatimarán «ningún esfuerzo» para que sea así.

De hecho, ha asegurado que esta persona cuenta con protección diplomática y consular, y está siendo visitada todos los días por el cónsul español, que «lógicamente» solicita que se cumplan y se respeten los derechos humanos en este caso.