16 octubre, 2024
El Tribunal Supremo ha iniciado una investigación penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de información sobre el procedimiento de fraude fiscal en el que está implicado Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La decisión del Supremo surge a raíz de una demanda presentada por González Amador ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la que acusa a dos fiscales de haber filtrado detalles de su procedimiento judicial a los medios de comunicación. En el proceso de la investigación, García Ortiz asumió su responsabilidad, lo que llevó al TSJM a remitir el caso al Tribunal Supremo para evaluar posibles indicios de delito por parte del fiscal general.
En un auto emitido por el Supremo, al que ha tenido acceso EFE, se indica que también se investigará a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien supuestamente proporcionó a García Ortiz la información utilizada para la elaboración de la nota que contenía los datos confidenciales.
A pesar de que Rodríguez Fernández no tiene condición de aforada, el tribunal ha determinado que su comportamiento y el del fiscal general están estrechamente conectados, lo que impide la apertura de causas separadas. Este aspecto ha sido clave para que el Supremo asuma la investigación de ambos casos conjuntamente.
La Fiscalía había solicitado que no se abriera la causa penal, pero el Supremo ha decidido seguir adelante con la investigación, lo que añade más presión sobre la figura de García Ortiz, quien ya ha estado en el centro de la polémica por otros asuntos recientes durante su mandato al frente del Ministerio Público.