José Luis Ábalos en el Congreso. Foto: EFE / Fernando Villar.
18 diciembre, 2024
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha solicitado este miércoles al Congreso de los Diputados la autorización para investigar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su presunta implicación en varios delitos relacionados con la adjudicación irregular de contratos públicos durante su etapa en el Gobierno.
El instructor considera que existen «indicios bastantes» para imputar a Ábalos los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Según el auto, el exministro podría haberse beneficiado económicamente mediante la adjudicación irregular de contratos de emergencia relacionados con la pandemia de COVID-19, entre ellos, el suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios.
La investigación señala que el empresario Víctor de Aldama habría utilizado su relación personal con Ábalos y su asesor, Koldo García Izaguirre, para obtener información privilegiada sobre las necesidades del Gobierno durante la pandemia. Esto le permitió articular ofertas y asegurar la adjudicación de contratos en favor de la empresa Soluciones de Gestión.
Además, el auto detalla que Ábalos, presuntamente, obtuvo beneficios personales derivados de estas operaciones. Entre ellos, el pago de alquileres de viviendas y contratos con opción a compra en condiciones ventajosas en inmuebles de lujo, incluyendo un chalet en la costa y un piso en el Paseo de la Castellana, con precios por debajo del mercado.
Ábalos, que declaró voluntariamente ante el juez, negó haber recibido beneficios económicos. Sin embargo, el magistrado señala que esta afirmación no concuerda con la documentación recopilada, las declaraciones de otros investigados y las intervenciones telefónicas realizadas.
El auto también apunta a la implicación activa de Koldo García Izaguirre, asesor de Ábalos, quien supuestamente gestionaba las adjudicaciones y ocultaba los pagos ilícitos a través de complejas operaciones financieras.
Para continuar con la causa, el magistrado Puente ha remitido una exposición razonada al presidente de la Sala Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, quien deberá trasladar la solicitud al Congreso de los Diputados. La autorización del suplicatorio es necesaria debido al estatus de aforado de Ábalos como diputado.
Este caso se enmarca en una investigación más amplia por presunta corrupción en contratos públicos durante la pandemia, un asunto que ha puesto bajo la lupa a figuras destacadas de la política y del sector empresarial.
