El juez de la Audiencia Nacional cita como investigados a la exdirectora de Adif y al exdirector de Carreteras en el marco del ‘caso Koldo’

El magistrado Ismael Moreno Chamarro, de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar como investigados a la exdirectora de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. La comparecencia tendrá lugar el próximo 21 de julio a las 11:00 horas, en el marco de la investigación del conocido como caso Koldo.

La decisión del juez responde a una solicitud reciente de la Fiscalía, que detectó indicios de posible actividad delictiva vinculada a ambos ex altos cargos, según figura en el auto al que ha tenido acceso Infobae España. La Fiscalía había pedido que se les tomara declaración y que se asumiera la competencia para instruir los hechos atribuidos, tras analizar los avances de la causa.

El procedimiento también incluye otras diligencias solicitadas, como la certificación de los pagos realizados a Jessica Rodríguez -amiga del exministro José Luis Ábalos- durante su vinculación laboral con distintas entidades públicas, así como la citación como testigo de Virginia Barbancho Domínguez, responsable del proyecto Tragsatec donde trabajó Rodríguez.

Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Pardo de Vera y Herrero podrían haber facilitado, en el marco de adjudicaciones irregulares, información clave o trámites para que dichas adjudicaciones prosperasen siguiendo las directrices del exministro Ábalos, transmitidas a través de su exasesor Koldo García. El pasado 26 de junio, la UCO registró los domicilios de ambos exresponsables, así como de nuevo las sedes de Adif y de la Dirección General de Carreteras.

En el trasfondo de la investigación se encuentra la contratación de Jessica Rodríguez en empresas públicas como Ineco y Tragsatec, que está siendo analizada por la UCO para determinar si se produjo de forma fraudulenta.

Desde el ámbito político, esta investigación ha reabierto el debate sobre las responsabilidades del Gobierno. Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, ha apuntado que el presidente Pedro Sánchez tiene responsabilidad en el caso por haber nombrado a los exdirigentes implicados, más allá de que conociera o no sus posibles actuaciones.