El Gobierno comunica a la Fundación Franco la apertura del proceso para pedir su extinción

El Gobierno comunica este viernes a la Fundación Francisco Franco la apertura del proceso para pedir su extinción, tras concluir que con su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general, aunque será la Justicia quien tenga la última palabra.

Los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco comenzaron hace más de un año, en junio de 2024, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.

En concreto, Cultura pidió un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que el Gobierno considera que la Fundación Francisco Franco incumple con la Ley de Fundaciones y con la Ley de Memoria Democrática.

Tras la recepción de estos informes, Cultura ha dado un paso más, al comunicar oficialmente este viernes a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la Justicia.

Lo ha hecho a través de una resolución en la que desgrana las causas por las que en su opinión debe ser extinguida la fundación, que a partir de ahora cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones ante el Ministerio.

Apología del franquismo y humillación a las víctimas

En la resolución de 37 páginas, a la que ha tenido acceso EFE, Cultura se basa fundamentalmente en el informe que emitió el pasado mes de mayo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que el registro de fundaciones señaló que en su caso no era competente para identificar las entidades que deben ser extinguidas.

A su vez, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aportó un informe de la Abogacía General del Estado, otro de un catedrático de Derecho Constitucional y testimonios de víctimas del franquismo, además de un análisis sobre la presencia de la Fundación Francisco Franco en los medios de comunicación.

Con todo este material, y tras analizar todo el contenido de la página web de la fundación, Cultura concluye que la entidad no persigue fines de interés general, que es uno de los motivos que pueden propiciar su extinción, ya que sus actividades «son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente» y proporcionan una visión «inequívocamente positiva del franquismo».

Pero, además, asegura que la Fundación Francisco Franco cumple con las otras premisas que pueden acabar con su extinción y que están recogidas en la Ley de Memoria Democrática: la apología del franquismo, el menosprecio y humillación a las víctimas, y la incitación directa o indirecta al odio y la violencia.

Para ello, pone como ejemplo la publicación de artículos por parte de la Fundación con un «prisma negacionista» y que «niegan o aminoran el alance de la represión», como uno titulado ‘La mentira de los niños robados del franquismo’.

El Gobierno pedirá medidas cautelares a la Justicia

Fuentes del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática consideran que han recopilado y aportado pruebas «suficientes y destacadas» para que el juez o jueza que lleve este proceso «no tenga más opción» que acordar la extinción de la entidad.

Añaden que su intención es acudir a la Justicia lo antes posible, sin necesidad de agotar el plazo de nueve meses con el que cuentan a partir de ahora, y que solicitarán medidas cautelares para limitar o interrumpir la actividad de la Fundación hasta que haya una decisión judicial sobre su extinción.

La Fundación Francisco Franco comentó en su momento que declarar su extinción sería contrario a la Constitución, pero fuentes de ambos Ministerios recalcan que una cosa es la libertad de expresión y otra la creación de una fundación, lo que posibilita entre otros aspectos beneficios fiscales, algo a lo que aseguran que esta entidad no debería tener derecho.