El decreto de Sánchez para recuperar el voto de Junts no es creíble para los separatistas

El nuevo decreto ley que este martes ha aprobado el Gobierno para intentar recuperar el apoyo de Junts, y que recoge algunos de los compromisos incumplidos hasta ahora con el partido de Carles Puigdemont no es creíble para la formación independentista y es para el PP un nuevo «cheque en blanco».

La opinión de este partido y las duras críticas de Podemos al decreto complican su convalidación, que sería en el pleno del Congreso de la próxima semana.

Tres promesas a Junts económicas

Este real decreto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado tras reconocer «incumplimientos» con Junts en dos entrevistas concedidas en Cataluña, prevé una reforma legal para que la Generalitat vuelva a gestionar la oferta pública de empleo en los procesos de selección de los funcionarios locales con habilitación nacional, una competencia prometida a Junts y que la Generalitat ya tuvo entre 2007 y 2013.

También posibilita a los ayuntamientos hacer uso del superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles, como vivienda, asistencia social o de eficiencia energética y una tercera que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación.

Los de Junts no ven creíble el «giro de 180 grados» de Sánchez y sólo lo será -han dejado claro- cuando cumpla con todo lo pendiente. «Hasta entonces seguimos igual, hechos y no palabras».

Un decreto que chirría a socios y oposición

Para el PP, su portavoz en el Senado, Alicia García, este decreto es «un cheque en blanco» similar al que ofreció al exministro de Transportes y exsecretario del Organización del PSOE José Luis Ábalos por su silencio.

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha criticado este plan de rescate a Junts y ha pedido a Sánchez que no siga con el «mercadeo y la subasta continua».

Vox, que ya ha adelantado que votará en contra del decreto, ha ironizado sobre la relación entre PSOE y Junts: «es la canción perfecta de Pimpinela» porque «empieza bien, luego están mal, luego vuelven a estar bien», ha señalado Ignacio Garriga.

En la bancada que sostiene al Gobierno, sus socios de Sumar en el Ejecutivo han acogido con cautela esta nueva propuesta que ven positiva en lo que supone avanzar en la agenda plurinacional, pero que debe encajar «en una agenda social de progreso», ha dicho la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.

Aún más reservas tienen los comunes al considerar que Sánchez ha hecho «guiños peligrosos», según Gerardo Pisarello, en cuestiones que no ve compatibles con la defensa de las clases trabajadoras mientras que Nahuel González (IU), también integrado en Sumar, se ha limitado a defender que «hay que tender puentes con todos los grupos parlamentarios que quieran trabajar por mejorar la sociedad».

Otros socios de investidura han sido mucho más duros con el decreto, especialmente Podemos, cuya líder, Ione Belarra, ha acusado a Sánchez de haber comprado la agenda «ultra» y «racista» de Junts con algunas medidas como las ayudas a propietarios de viviendas ante los impagos en caso de arrendamiento.

Y la diputada de Compromís Àgueda Micó, integrada en el grupo mixto, ha recordado a Sánchez que «Junts no es el único socio con el que tiene que cumplir el Gobierno para que haya gobernabilidad en esta legislatura» y ha pedido al presidente que se ponga «las pilas» en cuestiones como la financiación o la vivienda.

ERC ha puntualizado que no es Junts el que rompe con los socialistas por los incumplimientos de Sánchez sino «por intereses empresariales e ideológicos» y eso, ha advertido su portavoz, Gabriel Rufián, no lo va a cambiar ni leyes ni buenas palabras. «He aquí el error de Sánchez».