El Constitucional se dispone a mantener inhabilitados a Junqueras, Romeva, Bassa y Turull

El Tribunal Constitucional rechazará previsiblemente en el pleno que comienza este martes la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull de que se suspendan las penas de inhabilitación a las que han sido condenados.

El pasado 11 de febrero, el TC admitió a trámite los recursos de Junqueras, Bassa y Romeva contra la decisión del Supremo de no aplicarles el perdón por el ‘procés’. Y el 28 de abril hizo lo mismo con el del exconseller y secretario general de Junts Jordi Turull.

Todos ellos siguen inhabilitados para ejercer cargo público y solicitaron en sus escritos que esta pena se les suspenda de forma cautelar, por lo que el tribunal abrió una pieza de medidas cautelares para oír a las partes. Junqueras y Bassa cumplen 13 años de inhabilitación, hasta 2031, y Romeva y Turull 12 años, hasta 2030.

Los borradores de los ponentes -el presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados José María Macías y César Tolosa- rechazan acceder a la suspensión cautelar atendiendo la naturaleza de la pena y la duración de la misma.

Y, en el caso de Junqueras, podría suponer «una grave perturbación del interés general» ante el riesgo de que ocupe un cargo público justo aprovechando el momento en que no esté inhabilitado.

Los borradores coinciden con la tesis de la Fiscalía que aboga por «denegar la suspensión de la pena de inhabilitación absoluta interesada» por los líderes independentistas del procés.

Dice la Fiscalía que «la concesión de la suspensión de la condena que resta por cumplir de la pena de inhabilitación absoluta a los recurrentes supondría, por tanto, una anticipación del fallo del amparo y de sus efectos pues exigiría tanto como pronunciarse sobre la aplicación de la Ley orgánica de amnistía y su eventual estimación, que no corresponde hacer en esta pieza de suspensión».

El Supremo resolvió no amnistiar el delito de malversación por el que Junqueras, Romeva, Turull y Bassa fueron condenados al concluir que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial con el ‘procés’ y que los gastos del 1-O habían causado un perjuicio a las finanzas europeas.