El Bigotes logra un régimen penitenciario más abierto con fines de semana alternos en casa

Uno de los principales condenados por el caso Gürtel, el empresario Álvaro Pérez, El Bigotes, lleva meses disfrutando de un régimen penitenciario más flexible: cumple su condena ya en un Centro de Inserción Social (CIS) y puede disfrutar de fines de semana alternos en su casa.

Considerado uno de los tres principales cabecillas de esta macrocausa de corrupción, El Bigotes tiene a sus espaldas una condena acumulada de 18 años de cárcel tras varias sentencias por su implicación en diferentes ramas del caso.

Este empresario, defendido por el abogado Gustavo Galán, se encuentra desde hace tiempo en el régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que le permite estar ya cumpliendo su castigo en un CIS y no en la cárcel y con un programa específico de tratamiento.

Fue precisamente el CIS Melchor Rodríguez García quien propuso al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional hace unos meses flexibilizar la situación de Pérez y permitirle que disfrute de fines de semana alternos, más días festivos fuera del centro, así como salidas médicas o laborales.

El objetivo del programa propuesto es que pueda trabajar y realizar actividades con la ONG Solidarios fuera del centro, que implican a su vez ir abonando el pago de la responsabilidad civil, con un compromiso de abonar 300 euros al mes.

El programa busca favorecer «la normalización vital y laboral y consolidación de las relaciones familiares y sociales», según recoge el auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que el juez da el visto bueno a la propuesta.

Ya había autorizado el juez hace casi un año, en sintonía con el criterio de la Fiscalía, la flexibilización de las medidas de El Bigotes al tener en cuenta una serie de «factores positivos», como el pago de parte de la responsabilidad civil o la colaboración con la Justicia al reconocer los hechos en los últimos juicios.

Entonces, el magistrado -que dejó claro que la medida adoptada «no puede convertirse en un tercer grado encubierto»- acordó que el empresario saliese a trabajar y a colaborar con una ONG en el horario establecido, volviendo a prisión a dormir.

Pérez contaba con una oferta laboral y con la posibilidad de participar en actividades de la ONG Solidarios, en concreto en charlas de sensibilización en centros educativos y universidades, algo en lo que el juez apreció una «voluntad de resarcir el daño causado».

Los otros dos principales condenados por las múltiples ramas de este caso de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo, llevan ya más de un año en régimen de tercer grado.