Cambiar las indemnizaciones de Renfe subirá los precios y generará un sobrecoste de 42 millones, advierte Puente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha expresado dudas sobre la constitucionalidad de la enmienda aprobada en el Congreso que obligaría a Renfe a recuperar los antiguos criterios de puntualidad e indemnizaciones. Según ha advertido, esta medida implicaría un sobrecoste anual de 42 millones de euros para la operadora pública y provocaría, además, una subida de precios en los billetes.

Durante un encuentro organizado por Europa Press, Puente calificó la propuesta —incluida en la futura Ley de Movilidad Sostenible— como «inviable» en el actual escenario de competencia ferroviaria. Recordó que Renfe opera en un mercado donde dos compañías privadas, Ouigo e Iryo, ya concentran más del 35 % de la cuota en las líneas de alta velocidad más rentables.

“Si impones el compromiso de puntualidad a una y te olvidas de las otras dos, estás abocándola a no competir y restringiendo su derecho a competir y a fijar sus precios”, señaló el ministro. A su juicio, esta regulación “tendrá las patas muy cortas” y podría incluso vulnerar principios constitucionales relacionados con la libre competencia.

El Gobierno está analizando la enmienda desde una perspectiva legal y económica, ante el riesgo de que su aplicación obligue a Renfe a encarecer las tarifas para compensar el impacto financiero. Puente recordó que la compañía, como operador público español, debe mantener la rentabilidad en sus líneas comerciales para poder sostener el servicio en aquellas rutas que no lo son.

La controversia surge tras el cambio introducido el pasado 1 de julio en el sistema de indemnizaciones por retrasos, con el que Renfe equiparó sus compromisos de puntualidad a los de sus competidores privados. Desde esa fecha, la empresa devuelve el 100 % del billete en los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos —frente a los 30 minutos anteriores— y el 50 % si la demora es superior a 60 minutos, antes fijada en 15.

Los datos internos de 2023 ilustran el impacto económico del antiguo modelo: Renfe asumió 42 millones de euros en indemnizaciones por impuntualidad, cifra que habría caído a 12,5 millones con la normativa actual, según cálculos facilitados a EFE por fuentes próximas a la compañía.

Con el cambio de julio, Renfe situó sus garantías de puntualidad al mismo nivel que Ouigo e Iryo, en un intento por mantener la competitividad en un mercado de alta velocidad cada vez más disputado.