Sumar ha vuelto a poner a la banca en el centro del debate político. La formación liderada por Yolanda Díaz ha anunciado este jueves que presentará una proposición de ley en el Congreso para declarar la actividad bancaria como un servicio público esencial, con obligaciones específicas que podrían transformar radicalmente el sector financiero tal y como lo conocemos.
¿El objetivo? Convertir a la banca en un Servicio de Interés Económico General (SIEG) y obligar a las entidades a ofrecer productos accesibles, justos y sin comisiones: una cuenta corriente gratuita y universal, e hipotecas reguladas a tipo fijo. La medida se ha presentado en paralelo a las jornadas financieras celebradas en la Cámara Baja, donde la portavoz Verónica Martínez y la vicepresidenta Díaz han cargado contra lo que consideran un sistema «injusto» y excluyente.
El plan, que ya fue adelantado a finales de 2024 en forma de enmienda a la ley de Defensa del Cliente Financiero, pretende imponer a todas las entidades de crédito la obligación de ofrecer:
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Una cuenta corriente básica gratuita y sin comisiones, con acceso a todos los servicios de pago habituales.
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Derecho del cliente a migrar a esta cuenta sin penalización dentro de la misma entidad.
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Hipotecas a tipo fijo, regulado y ligado a la deuda pública a 10 años, con un mínimo del 1% TAE, sin comisiones y con un plazo máximo de 30 años.
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Un límite del 80% sobre el valor de la vivienda, y amortización según modelo francés o alemán.
«La banca no es un actor neutro. Tiene un impacto enorme en la vida cotidiana de millones de personas, y debe estar sometida al interés general», ha afirmado Díaz, que también ha defendido con firmeza la prórroga del impuesto a la banca, previsto para caducar el próximo año. Según la ministra, este tributo es imprescindible para corregir la “injusticia fiscal” del país: “El 85% del IRPF lo pagan los trabajadores. Eso no es justo”.
Díaz ha recordado que, tras el rescate bancario de más de 71.000 millones de euros, ahora le toca al sector devolver el favor, y no sólo vía impuestos: también garantizando el acceso universal a servicios bancarios que, según ha afirmado, no pueden depender “del código postal o del nivel de renta”.
Sumar insiste en que la banca debe asumir su rol como actor estratégico, con responsabilidades democráticas y sociales. Un mensaje que podría calar en una ciudadanía que vive con preocupación la subida de los tipos de interés, las comisiones abusivas y el cierre de oficinas.
La proposición de ley promete levantar ampollas en el sector financiero… y reabrir el debate sobre el papel real de la banca en una economía moderna y justa.
