La CEG afirma que “la rectificación del Gobierno es una victoria parcial, al asumir parte de las reivindicaciones de los autónomos”

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) valora positivamente “la apuesta por la moderación y la previsibilidad”, aunque insisten en que “el sistema debe ser estable, simple y económicamente viable, y que cualquier modificación futura debe ir acompañada de incentivos a la productividad, la digitalización y la reducción de costes para el tejido de autónomos y pymes”.

Afirman que la propuesta más reciente del Gobierno sobre autónomos representa un equilibrio pragmático entre sostenibilidad financiera y sensibilidad social. La congelación de cuotas para los tramos más bajos responde al contexto económico actual —inflación elevada y ralentización del consumo—, mientras que las subidas acotadas en los tramos medios y altos buscan consolidar la suficiencia del sistema sin penalizar de manera excesiva la actividad.

No obstante, siguen pendientes cuestiones estructurales clave:

Mejorar las coberturas y prestaciones sociales: las organizaciones reclaman avanzar en la equiparación real en materia de bajas por enfermedad, cese de actividad, maternidad/paternidad y jubilación. Insisten en que la negociación debe traducirse en derechos efectivos y no meramente nominales, en cumplimiento del Pacto de Toledo.

Las cotizaciones deberían ajustarse a la evolución de la economía y del empleo, garantizando justicia contributiva y previsibilidad, además de cumplir lo firmado.

Refuerzo del diálogo social permanente: tanto las organizaciones de autónomos como CEOE, CEPYME y la CEG reclamamos estabilidad normativa, transparencia en los cálculos de rendimientos netos y evaluaciones periódicas del impacto económico y social de las medidas.

En este contexto, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, dice que “la rectificación del Gobierno puede interpretarse como una victoria parcial, al asumir buena parte de las reivindicaciones de los autónomos. Sin embargo, para consolidar ese consenso será indispensable cumplir los compromisos de mejora de la protección social efectiva y vincular la evolución futura de las cuotas a la evolución de la economía y del empleo, tal como reclaman los interlocutores sociales”.

En suma, subraya que la propuesta actual supone una corrección necesaria y un paso hacia la equidad contributiva, “pero no resuelve todavía la brecha en derechos sociales ni las incertidumbres de gestión del nuevo modelo. El reto inmediato es garantizar que la transición hacia el sistema de ingresos reales se haga con seguridad jurídica, acompañamiento administrativo y teniendo en cuenta la evolución de la economía y del empleo, en línea con los compromisos del Pacto de Toledo y el principio de sostenibilidad compartida del sistema de Seguridad Social”.

Vieites, habla de complejidad e incertidumbre. “Para que la reforma tenga aceptación social y técnica debe combinar: gradualidad, protección reforzada para los más frágiles, mejoras reales en prestaciones, medidas territoriales específicas para Galicia y una comunicación clara que explique quién paga, por qué y qué recibe a cambio”. Piden predictibilidad y correcciones técnicas, además de medidas concretas para mejorar la competitividad y la resiliencia del tejido productivo gallego.

“La propuesta intermedia del Gobierno es insuficiente o contradictoria. Creemos que la medida más que técnica está condicionada por el calendario electoral. Desde la CEG, como desde CEOE y CEPYME hemos acompañado el proceso negociador y hemos ratificado, en su momento, preacuerdos o la necesidad de reglas claras para que la transición al sistema de cotización por ingresos sea ordenada y previsible”. Por ello, piden:

· Previsibilidad y gradualidad para no trasladar shocks de coste a empresas y autónomos.
· Correcciones técnicas para errores o anomalías detectadas en la implementación iniciada en 2023.
· Compatibilizar la reforma con la competitividad empresarial (evitar que subidas bruscas de cotización dañen la demanda y la creación de empleo).
· Campañas de comunicación y transparencia: explicar claramente cómo se calculan tramos y qué prestaciones aportan, para reducir desconfianza y fricción política.

La CEG apoya un sistema sostenible “que evite distorsiones, pero exigimos medidas compensatorias, plazos y claridad normativa para que el coste no penalice la actividad económica”.

También exigen que el Estado defienda en Europa fondos específicos para estas finalidades. “Es necesaria una relación más transparente y proporcional entre ingresos reales declarados y cuota final, con tramos y deducciones que no penalicen la pequeña actividad. Es necesario mejorar prestaciones, mayor protección por cese de actividad, maternidad/paternidad o cuidado de menores con enfermedades graves, con derechos reales equiparables a asalariados. Además de la simplificación administrativa y lucha contra competencia desleal: menos trámites, más agilidad en ayudas y medidas contra economía sumergida y competencia informal. Así como aplazamientos y regularización de deudas: demandas por ajustes y facilidades para regularización de cuotas atrasadas”.

Desde la CEG recuerdan que el colectivo de las personas autónomas reúne desde profesionales con ingresos estables y elevados hasta personas que generan rendimientos bajos o irregulares (pluriactividad, economía de temporada). Esa heterogeneidad obliga a políticas diferenciadas: no existe una “solución única”.

Vieites constata que “la presión de costes, la inflación, subidas de suministros y de insumos, y la carga de cotizaciones y fiscalidad reducen márgenes, sobre todo en sectores tradicionales (comercio, hostelería, construcción, servicios personales). Muchos autónomos tienen dificultad para asumir subidas de cuota sin compensaciones en protección social”.