España se enfrenta a su mayor reto: cada vez más jubilados y menos trabajadores

El progresivo envejecimiento de la población española continúa posicionándose como uno de los mayores desafíos estructurales del país. Con la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación, el impacto ya se percibe en el sistema público de pensiones, cuya carga financiera sigue en aumento debido a las nuevas altas de jubilados con carreras contributivas más largas y salarios históricamente más elevados.

Las previsiones más críticas sitúan el punto máximo de presión en el año 2050. En este contexto, las últimas reformas en materia de pensiones han buscado incentivar el retraso en la edad de jubilación. Sin embargo, el impacto de estas medidas aún no se refleja plenamente en el mercado laboral. Según el informe Formación, transición digital y calidad de vida de los mayores en España, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la tasa de actividad entre los mayores de 65 años en España es tan solo del 3,7%, frente al 6,6% de la media europea registrada en 2023.

El estudio, publicado este miércoles, también advierte del elevado porcentaje de personas mayores que ni estudian ni trabajan. En el grupo de edad de 55 a 64 años, el índice de inactividad alcanza el 38,1%, mientras que entre los 65 y 74 años se dispara hasta el 90,4%. Esta situación se atribuye en parte a la elevada generosidad del sistema de pensiones en España. “Con una pensión mediana equivalente al 80% del salario medio, frente a menos del 60% en la media europea, y un escaso uso del empleo a tiempo parcial (11,6% frente al 23,9% en la UE), la actividad laboral de los mayores se ve notablemente frenada”, señala el informe.

Nueva etapa de reformas: la jubilación flexible, en el foco

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha centrado sus últimos esfuerzos en fomentar fórmulas que permitan extender la vida laboral. El pasado 1 de abril entraron en vigor los cambios en las modalidades de jubilación activa, demorada y parcial, tal como establece el Real Decreto-ley 11/2024, aprobado el 23 de diciembre.

No obstante, aún queda una asignatura pendiente: la reforma de la jubilación flexible, que permitiría compatibilizar parcialmente la pensión con el retorno al trabajo. Este aspecto será abordado en los próximos meses por el departamento dirigido por Elma Saiz, en el marco de las negociaciones con los agentes sociales. Según el calendario acordado, el Ejecutivo tiene hasta junio para alcanzar un consenso y desarrollar el correspondiente decreto.

Los primeros efectos de las medidas de incentivo ya empiezan a notarse. Según los datos correspondientes a la nómina de pensiones del mes de marzo, las jubilaciones demoradas representaron el 11,3% de las nuevas altas registradas en los dos primeros meses del año, duplicando el dato de 2019.

Con una población cada vez más envejecida y un sistema de pensiones sometido a creciente presión, el reto de aumentar la participación laboral de las personas mayores sigue siendo una prioridad en la agenda pública.