19 noviembre, 2025
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dado luz verde al plan de reestructuración impulsado por la empresa conservera Atunlo O Grove. La decisión, hecha pública por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), supone un paso decisivo para la continuidad de la compañía en un contexto de dificultades financieras.
En su auto, la magistrada acuerda homologar íntegramente el plan, cuyos efectos se extenderán tanto al propio deudor como a todas las clases de créditos afectados, incluso a aquellos que no se hayan adherido al documento o que no hayan votado a favor. El plan, subraya el Juzgado, no podrá ser objeto de acciones de rescisión concursal, blindándolo frente a eventuales impugnaciones.
La resolución detalla además qué operaciones quedan excluidas de cualquier intento de rescisión. Entre ellas se encuentran el pago de salarios ya devengados, los gastos ordinarios derivados de la actividad empresarial y cualquier acto u operación necesaria para ejecutar o implementar la reestructuración. Con ello, la jueza pretende dotar al proceso de seguridad jurídica y garantizar el normal funcionamiento de la empresa durante esta etapa.
Otro de los aspectos clave del auto es el alzamiento de la suspensión de las ejecuciones relativas a créditos no afectados por el plan. En paralelo, se decreta el sobreseimiento de los procedimientos de ejecución vinculados a créditos sí incluidos en la reestructuración. Asimismo, la magistrada ordena la cancelación de todos los embargos previamente acordados en procedimientos instados por acreedores cuyos créditos queden sometidos al plan, tanto si fueron acordados antes como después de la solicitud de homologación.
El acuerdo tendrá efectos inmediatos y fuerza ejecutiva, destaca la jueza, quien recuerda que el auto es firme y, por tanto, no admite recurso.
El experto independiente designado para supervisar el proceso ha concluido en su informe que las previsiones sobre la viabilidad del plan de pagos, la continuidad de Atunlo O Grove y su potencial valor tanto en funcionamiento como en hipotética liquidación son “razonables y adecuadas” a la situación real de la empresa. Estas conclusiones han sido determinantes para que el Juzgado confirmase la hoja de ruta propuesta.