Silencio del Gobierno ante las amenazas a la lengua española en Brasil

En el simplismo imperante en la política española que lleva a confundir o asimilar una institución en función de quien la dirige e independientemente de la bondad de la misma, y dado que había que cobrarse una figura política que había hecho mucho daño al socialismo en Valencia, toda la maquinaria de La Moncloa salió en bloque y como una sola voz para desacreditar la decisión de Díaz Ayuso de crear una oficina del español en el seno de la Autonomía madrileña. En realidad, lo de la oficina les importaban un higo, el objetivo era Toni Cantó. Pero se cobraron las dos piezas de golpe, quizá porque a Ayuso le faltaron arrestos.

Como en La Moncloa no son muy leídos, que sepamos, y el consejo de asesores acreditados es mentar la bicha, no sabían que el idioma es una importante fuente de economía para los países, tanto directamente como subsidiariamente a través de otras actividades, singularmente las comerciales y de exportación. Lo dijo Telefónica hace ya algunos años en un amplísimo estudio de doce volúmenes que, a lo que se ve, no llegó nunca a la presidencia del Gobierno. Por eso navegan en la más absoluta ignorancia. Lo sabemos también los compostelanos, por la metedura de pata de la Universidad Compostelana de priorizar el gallego respeto de los cursos de español para extranjeros, como si ambos no fueran compatibles. Ganó Salamanca.

Telefónica, en el sesudo estudio –El valor económico del español– concluye, entre otros muchos datos, en análisis de sector por sector, que la lengua que nos es común genera el 16 % del valor económico del PIB y del empleo en España o que las industrias culturales en dicha lengua aportan más de 30.000 millones al año. ¿Para despreocuparse de su desarrollo e implantación en otros países?. Dice también Telefónica que el español, como lengua, multiplica por cuatro los flujos de comercio entre los países de habla hispana. ¿Le importa a alguien?

Ahora mismo en Brasil y fruto de la presión de los lobbies de las embajadas de Alemania, Francia e Italia, Lula da Silva ha rectificado la ley que se debatía en el Congreso y que establecía el español como segunda lengua obligatoria en el bachillerato brasileño, como ya venía sucediendo.  La embajada española ¿está o se la espera?

Han tenido que ser representantes de las asociaciones de profesores de español de la práctica totalidad de estados de Brasil los que protestaran de tal atropello, que conculca claramente el artículo 4 de la Constitución brasileña, que establece la búsqueda de “integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con vistas a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones”. Recordemos que Brasil está rodeada por naciones hispanohablantes. Pues frente a esa realidad, los lobbies citados quieren hacerse valer que Brasil tenga una fábrica nipona para supeditar el español al japonés en esa zona o, dada su frontera con la Guayana francesas, equiparar el francés al español.

Pues bien, firman el documento de oposición a la eliminación del español como segunda lengua obligatoria –avalada por ser la elección preferida de los propios estudiantes- asociaciones de profesores de español de 23 de los 26 estado brasileños, entidades nacionales como la Asociación Brasileña de Hispanistas (ABH), Lingüística (ABRALIN) o de Postgrado en Letras y Lingüística (ANPOLL), e internacionales, como la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL), la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH) y la Red de Español en América Latina (REDEAL).

¿Y el Gobierno español, embajada en aquel país o Instituto Cervantes no tienen nada que decir?

Es el resultado de poner amigos al frente de instituciones para las que no están capacitados.