Qué más denigraciones hay que soportar antes de clausurar un centro geriátrico

El periódico Publico informa en su edición de este miércoles de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ratifica la idoneidad de la multa de 38.000 euros que la Xunta impuso a la fundación gestora de un geriátrico de Ourense por cometer seis infracciones; tres de ellas graves y una muy grave.

La indignación ciudadana no puede por menos de manifestarse cuando se añade que las sanciones lo son por “el mal trato que recibían los mayores allí” y se transforma en un sentimiento próximo a la ira al enumerar las situaciones concretas a que eran sometidos los residentes allí acogidos. Porque, añade la noticia, fue el resultado de las inspecciones realizadas al centro en 2019 y 2020 las que determinaron el descubrimiento de esos denigrantes comportamientos entre los que se cuentan “utilizar un chaleco de sujeción en un residente sin contar con la debida prescripción médica ni consentimiento informado” lo que para el TSXG constituye un trato inhumano.

También hubo otra sanción, dice la noticia de prensa, por no respetar el menú y servir cantidades de comida insuficientes a los residentes, que se estima infracción muy grave.

Además, se constataron falta de personal de enfermería durante las 24 horas del día y la obstrucción de la propia labor inspectora.

En suma, y más que la gravedad de un incumplimiento concreto, es la suma de todos ellos la que lleva a la más grave reflexión de dudar no ya sobre la calidad del servicio que la residencia presta a los ancianos, sino de la propia concepción de lo que debe ser un centro de estas características por parte de quienes lo dirigen. ¿Saben que están cuidando de seres humanos donde la dignidad de la persona debe ser el bien irrenunciable? ¿Es tan manifiesto el afán economicista como para situarlo por encima de esa dignidad humana? ¿Son conscientes sus directivos de que, no hace tanto, la utilización de un chaleco de sujeción acabó con la vida de una anciana en un centro geriátrico de Madrid?

Fue la pandemia, con sus exigencias de extremar el cuidado para evitar el contagio, el que puso de manifiesto la grave laguna que en atención a los ancianos de centros geriátricos ponía de relieve el protocolo de obligado cumplimiento por parte de estos centros.

Se supo también, a raíz de la pandemia, que una muy buena parte de la favorable gestión de los geriátricos se debía más al abnegado voluntarismo de su personal que a los criterios de búsqueda de eficiencia económica de quienes los dirigen.

Por eso es necesario -lo demandan los profesionales- un cambio en la concepción del sistema de residencias de la tercera edad, aproximado más a la filosofía del hogar que a una práctica cuartelera, más a un centro de convivencia, a una atención personalizada y un trato más digno. Porque, según se deduce de esta propia denuncia, ni el maltrato (hay en Compostela residencias donde se toca diana a las siete de la mañana para no favorecer el turno de limpieza), la mala alimentación o la falta de la limpieza adecuada son motivos de cierre y se sustancian con una multa, acaso hasta asumible como mal menor por parte de los centros convertidos en un “modelo de extracción de rentas”, como lo califica la coordinadora de CENIE (Estado de Bienestar del Centro Internacional del Envejecimiento”.

Es la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios sociales la que elaboró un documento urgiendo ese cambio de modelo donde no tienen cabida las macroresidencias y sí centros con un mínimo del 75% de habitaciones individuales (no inferiores a los quince metros cuadrados cada una de ellas), unidades de convivencia para no más de 15 personas residentes, con sala de estar y comedores integrados, y una superficie no inferior a 4 metros cuadrados por residente.

En suma, como Ministerio y Comunidades Autónomas pusieron negro sobre blanco, “prioridad en la dignidad de las personas ingresadas y en aumentar notablemente la calidad de vida”.

Siendo esa la disponibilidad de las Administraciones públicas ¿por qué un atentado a la dignidad de la persona, como el detectado en Ourense, no lleva una sanción ejemplar rayana en el cierre de la residencia? ¿Es esta la misma fundación que ya en el pasado ocupó las portadas de los periódicos por noticias similares que no lograban tapar el barniz de presunta beneficencia eclesial que se le quiso dar?

Pero sobre todo, ¿cuándo las autoridades se darán cuenta de que una residencia de mayores no puede plantearse desde la perspectiva de la rentabilidad económica y sí, por el contrario, el mejor modo de rentabilizar las inversiones sociales de concellos y autonomías en el propósito de conseguir para nuestros mayores la dignificación de la persona y la calidad de vida familiar en una etapa de la vida llena ya de otros sinsabores no buscados?