Presidenta del CGPJ: “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico”

Más allá de la coincidencia obligada en razón del acto que se celebraba, la solemne apertura del Año Judicial, no son pocos los españoles que ven en los dos protagonistas de la imagen que encabeza estas líneas, el Rey Felipe VI, y desde ayer y tras su contundente discurso, la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, los dos últimos pero firmes baluartes para impedir que el Estado de derecho se vaya por las alcantarillas camino de las cloacas en que el Ejecutivo quiere convertir la nación y la Constitución que la ampara.

Si anteayer se apuntaba desde aquí el favorable hecho de que la elección de Perelló fuese avalada por dieciséis del total de veinte miembros del Consejo, la contundencia del discurso pronunciado ayer ante el Rey y toda la Judicatura, es, de nuevo, un balón de oxígeno, la primera luz al final del túnel que indica que algo puede cambiar. Que algo va a cambiar.

No olvidó la presidenta en su discurso las obligadas referencias a la demora en la Justicia, cuya “respuesta tardía no satisface la exigencia constitucional de que la tutela sea realmente efectiva”, la pronta cobertura de las vacantes “con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad”, y, por fin, la continuada formación de los jueves “tanto los de nuevo ingreso como de los que ya pertenecen a la carrera judicial, así como promover su especialización en materias que así lo exigen”.

Pero por encima de esas inexcusables alusiones, la intervención de la presidenta del Poder Judicial, su declaración de intenciones en el primer discurso público que pronuncia en el marco más autoexigente en la medición de sus palabras, está la firme defensa del Poder Judicial que “es diseñado en nuestra Constitución como un auténtico Poder, al lado del ejecutivo y del legislativo, con su independencia blindada y con un órgano de gobierno propio con plena autonomía”.

Y por si su afirmación necesitaba ser más explícita, apuntó que “ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de Derecho. De ahí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas”. ¿Oído Moncloa o Fiscalía General?

Un argumento que fue el hilo conductor a lo largo de todo su discurso y que se condensa en la categórica afirmación de que “Una misión del Consejo General del Poder Judicial es constituirse en baluarte de esos principios y de ese poder, dentro de la más estricta responsabilidad. Quiero hacer proclamación expresa de mi compromiso y el del Consejo que presido con en el cumplimiento de esa función esencial de velar por la independencia judicial”.

En los últimos años, ninguno de los discursos de los sucesivos presidentes del CGPJ en la inauguración del curso lo fueron a efectos de mera retórica. Pero el de ayer, por su especialísima circunstancia de ser el primero de un Consejo legitimado luego de cinco años de interinaje, es una solemne proclama de intenciones que abre la esperanza de que no todo está perdido en el Estado.

Queda, aún, es cierto, la dura prueba de elegir al sucesor de Marchena al frente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que habrá de juzgar a buena parte de cuantos en los últimos años hicieron esfuerzos por conculcar una y otra ver el orden constitucional. Perelló asegura que se hará “con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad”. Con eso es suficiente.

Desde ayer, una nueva brisa de preocupación y acaso incontenida ira se deslizó por los pasillos y despachos del complejo de La Moncloa. Tan preocupante para quienes la habitan como esperanzadora para el resto de españoles. ¿Será este el principio de involución de la involución?