Unas banderas azules… cada vez con menos viento

Nacidas hace treinta años por iniciativa de una ONG que quería, desde la propaganda, apostar por las bondades ecológicas y que acabo por certificar los servicios, las banderas azules que cada año se otorgan a las playas españolas hace tiempo que perdieron la vitola que las adornaba de excepcionalidad para convertirse, en algún caso concreto, en los lugares a los que no hay que ir. Y aquellos eufóricos alcaldes que cada año competían por cubrir la maraña burocrática para la concesión –que luego un interventor podía quitar a su capricho porque ese día, en el más largo puente de agosto, había exceso de tráfico, como ocurrió en algún caso- pronto vieron las condiciones, más leoninas que racionales, para mantener la enseña. De modo que, como ocurre en buena parte del espléndido litoral del Barbanza, hay municipios donde no luce ni una sola de esas enseñas… ni falta que hacen, ahora que se acaban de hacer públicos los reconocimientos para este verano. Eso sí ¿se dotará alguna vez a esos concurridos arenales de los necesarios socorristas para evitar las numerosas muertes por ahogamiento que se producen y que superan incuso a las de tráfico?

LEI DEL LITORAL… MENOS LOBOS, CAPERUCITA. A buen seguro que en la actitud influyó la celebración de las elecciones autonómicas, pero quienes sigan con asiduidad las noticias de los medios de comunicación gallegos se habrán sorprendido por esa particular batalla que la Xunta de Rueda hizo a propósito del recurso presentado por el Gobierno central contra la Lei do Litoral que aprobó solo el PP en el Parlamento do Hórreo. El visto bueno del Constitucional, conocido semanas atrás, fue saludado por el Ejecutivo gallego como el mayor de los triunfos “diplomáticos” gracias, se insistió hasta el hastío, al buen hacer de los nunca bien ponderados técnicos de la Xunta. Y ahora es el mismo Constitucional el que anula algunos puntos incluidos por la Xunta en la ley de acompañamiento de los presupuestos en el 2022 por colisionar frontalmente contra la Ley de Costas del 78. ¿Dónde la eficiencia de esos técnicos? Aunque, en efecto, algunos preceptos de la aludida Ley estatal son francamente leoninos y atentan directamente contra el derecho a la propiedad, al aplicar criterios retroactivos ¿Es de recibo que la Xunta quiera saltárselos a la torera metiéndolos en ese inacabable cajón de sastre que son siempre las leyes de acompañamiento de los presupuestos? ¿Modulará su incomprensible optimismo el Gobierno gallego cuando habla de “muy pocos inmuebles” para ocultar el varapalo del TC con las disposiciones anuladas?.