La nueva ley de vivienda retiró del mercado de alquiler más de cien mil pisos

En un rasgo autocrítico que les honra y que, por su carácter excepcional, hay que situar en lo insólito, el ministerio de Vivienda ha querido conocer de primera mano la evolución del mercado de alquiler desde que, hace un año, entrara en vigor una nueva ley que, en la perspectiva del Gobierno, aliviaría el tensionado mercado en toda España.

Práctica que, aunque desacostumbrada en los modos de gobernanza del actual inquilino de La Moncloa, el sentido común aconseja luego de las amargas experiencias vividas en la deleznable cosecha de resultados de la ley Montero –aprobada por todo el Gobierno, no se olvide- del “sólo sí es sí” que puso en la calle a centenares de delincuentes sexuales.

Es inveterada costumbre de éste, y cuantos Gobiernos han sido en la democracia, presentar los nuevos proyectos de ley como la panacea que solventará todos los males. Presunción que alcanzó las cotas más irresponsables en el Gobierno de Zapatero con la primera ley llevada a Cortes y defendida por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Queda en los anales del parlamentarismo la encendida defensa que hizo de la nueva ley contra la violencia de género, que prometió que erradicaría el problema de forma total culpando al PP de no haber sabido atajar a tiempo el problema.

Como en el caso del “sí es sí”, la terquedad de los hechos convirtió en un fiasco la susodicha ley, hasta el punto de que no solo no disminuyeron las víctimas de la violencia sexual, sino que se incrementaron. Y nadie le pasó factura a la susodicha por la osadía mostrada.

Volviendo a la ley de la Vivienda, sucede algo parecido, como testimoniaron a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, una representación de agentes inmobiliarios que suponen el 83 % del negocio que se gestiona en España, lo que representa un añadido de credibilidad y rigor en la aportación de datos.

Pues bien, la ínclita portavoz del Gobierno, poco dada a admitir preguntas según de qué periodista o medio de comunicación en sus sesiones informativas posteriores al Consejo de Ministros, esta vez sí tuvo que escuchar el desolador balance que su Ley de Vivienda logró en apenas un año:

Hubo una caída de la oferta de alquiler de un 15%, porque los propietarios prefieren retraer las viviendas de su propiedad antes de someterlas a los caprichos de una ley que, pretendiendo favorecer al inquilino, a nadie contenta.

Dicho en otras palabras, y según estimaciones de uno de los interlocutores de la ministra, la nueva ley provocó un retraimiento en la oferta de unos 40.00 unidades en 2023 y se estima que este año alcance los 60.000, de los que 25.000 corresponderían a Cataluña.

Pretendida y elogiosa autocrítica, señalábamos al principio, que deja de serlo cuando en respuesta a tan lamentable estimación de datos a causa de la nueva Ley, desde el Ministerio, erre que erre, los disculpan en que es una ley joven a la que hay que darle tiempo- ¿Cuándo no quede ni un solo piso ofertado para alquiler?

Tales datos debieran servir para que la locuaz ministra se pasara unos cuantos meses, como Irene Montero, en el aconsejable ostracismo de un calculado silencio, no sea que le saquen los colores con tan exitosa ley. Tiene a su favor que no admite preguntas de periodistas cabales.