14 agosto, 2024
Acostumbra el cronista a recurrir regularmente a la invocación del sentido común como variable que debiera ser permanente a la hora de decidir una acción política, ya sea en el plano de la ideología, tanto más si se refiere a proyectos concretos pensados para optimizar los servicios que se prestan a la ciudadanía desde la responsabilidad de los poderes públicos.
Por eso cuando algo no funciona, no es mala prueba del algodón sopesar los fallos y sus causas a la luz de lo que dicta ese sentido común que no es otra cosa que la acumulada experiencia de siglos y generaciones ante problemas idénticos o similares que hubieron de resolverse en el pasado.
Entre los escarnios más sobresalientes del fiasco en que se han convertido algunos de esos servicios públicos –Correos al margen- hay que situar en primerísimo lugar, por gravedad, reiteración y pasotismo ministerial, cuanto tiene que ver con el servicio del ferrocarril, en cualquiera de sus modalidades de cercanías o largas distancias.
Situación que hace imposible cualquier plan que el viajero quiera hacer de antemano y que esté supeditado al uso del ferrocarril, porque las posibilidades de retraso están al orden del día, y aún otras más graves, como sucedieron semanas atrás, de trenes parados en mitad de túneles, sin luz y con temperaturas extremas de calor que llevaron, lógicamente, al amotinamiento de los viajeros.
Buena parte de esas anomalías suceden con los famosos trenes Avril que el Ministerio encargó a la empresa Talgo y que ahora la propia empresa reconoce que presentan fallos de construcción, hasta el punto de dotar de un técnico a cada convoy para afrontar esas averías de urgencia.
¿Dónde está el truco, la irresponsabilidad?
Desde tiempos que se pierden en la memoria las contrataciones de las administraciones públicas fijaban una cláusula que, bajo el revelador título de baja temeraria, impedían contratar por debajo del 15% del presupuesto estimados por los técnicos de cada ministerio, diputación o concello.
¿Qué pasó con los referidos Avril? Pues que abolida en la práctica la citada cláusula, Renfe compró con un 43 % de rebaja los trenes defectuosos de Talgo. Es decir, el ministerio de Transportes se ahorró más de 1.200 millones de euros, pero logró a cambio que la mitad de las unidades entregadas estén ahora mismo en reparación, apenas cuatro meses después de ser recepcionadas por Renfe.
Ahora reclama 167 millones de euros por los retrasos en el contrato fijado para la entrega de los trenes más una cantidad aún sin determina por los problemas en los flemáticos S106.
Eso sí, el prestigio por los sueles y el Ministerio rebajando las indemnizaciones a los usuarios por los retrasos, que asimila ahora a los de la competencia a los que criticó apenas unas semanas antes. Pero la efectividad en puntualidad de los Iryo y Ouigo es del 76,2 % frente al 41% dela compañía estatal de Renfe.
Eso sí, cuando no fallan los trenes, con una media de seis averías diarias, es la estación de Chamartín la que colapsa, como ocurrió días pasados, por su limitación de espacio.
La pregunta es de Perogrullo ¿Qué clase de políticos nos gobiernan que se creen tan listos que negocian duros a cuatro pesetas con las rebajas de un 43% en una adjudicación respecto de las empresas competidoras? ¿Esperaba que fuera el negocio del siglo? ¿Premiaron a tal genio de la economía?