19 octubre, 2024
Del jaleado anuncio con marchamo de primicia de Pedro Sánchez sobre el bono joven del alquiler, que tantos regueros de tinta sigue generando en los medios de comunicación, lo más suave que puede decirse es que ni es novedoso como quería hacernos ver el presidente, es de una más que cuestionable regulación administrativa, está cargado de burocracia, no cumple la finalidad anunciada de llegar a un aceptable número de potenciales beneficiarios ni, por fin, va en la línea correcta ya que su implantación provoca el efecto contrario al deseado, propicia un mayor incremento de los precios del alquiler. Vamos, todo un ejemplo de lo que justamente no debe hacerse en política.
Se decía que no es novedoso porque, además de ser anunciado hasta en cuatro ocasiones con esa vitola de nuevo, no es sino la continuidad –incluso en la cuantía subvencionada de 200 euros- de las experiencias previas, de las que como se ve no se sacó ninguna consecuencia positiva, anunciadas en los años 2021, 2022 y 2023.
No cumple la finalidad buscada porque, como señala el Consejo de la Juventud de España, apenas alcanza al 0,6 de los jóvenes potencialmente beneficiarios, entre los 18 y 35 años, con la concesión de apenas 57.260 ayudas en un ejercicio, lo que representa apenas la mitad de los más de 110.000 jóvenes inscritos para acogerse a tal subvención.
Adolece, como se señala, de un marco reglamentario adecuado, porque es ajeno a la realidad que pretende subsanar al venderse como una ayuda a la emancipación de los jóvenes pero exige que el supuesto beneficiario esté ya emancipado. Peor aún, fija un precio de la vivienda hasta un máximo de 600 euros al mes (900 para zonas tensionadas) o un alquiler por habitación que no supere los 300 euros, cuando la realidad del mercado excluye, por sus precios superiores a los contemplados, a millares de jóvenes que quisieran optar a las ayudas, singularmente en las grandes ciudades o las de marcado signo universitario, como Santiago.
Denuncian, además, los afectados la carga burocrática, la demora en el otorgamiento y el retraso en el pago de las ayudas, que actúa como un factor más de voluntario desistimiento de la tan cacareada ayuda social. Quejas todas de las que se hizo eco, como corresponde, el Defensor del Pueblo –por “incidencias puntuales”, “demora excesiva” en convocatoria y pago y hasta por “discrepancias con los requisitos exigidos” como recoge en su Memoria de 2023-, a lo que se ve y como suele ocurrir con dicha institución, con eficacia cero.
Se suman a las críticas los sindicatos, singularmente CCOO, y hasta Sumar, la parte más izquierdosa del Ejecutivo, que ven en la medida un mero trasvase de las subvenciones del Gobierno a los arrendadores sin que la medida no solo no aminore el alquiler, sino que favorece su incremento.
De similar opinión son también las organizaciones de consumidores, incluida la propia OCU, que ve en la ayuda “un parche” que, además, no llega al número creciente de personas con dificultades para afrontar un alquiler.
Aunque este Gobierno tiene en su haber experiencias similares con la ley del Sí es sí, cuanta legislación afecta al sector agrícola y hasta las supuestamente benefactoras medidas de ayuda a las empleadas del hogar o a los autónomos, donde lo legislado provoca el efecto contrario al pretendido, en este caso ni siquiera puede invocarse el desconocimiento de una medida primeriza, porque las anteriores convocatorias con las mismas exigencias debieran haber enseñado al Gobierno promotor la nula eficacia del referido bono.
Bueno, no, no deja de ser una ironía que los principales beneficiarios de la medida de un Gobierno tan situado a la izquierda sean precisamente los grandes tenedores de viviendas de alquiler en las grandes ciudades y a quienes, desde La Moncloa, tan continuadamente se demoniza.