Casi diez mil normas para regular en España el «crecimiento verde»

A tal grado de saturación ha llegado la normativa de Europa y España en la promoción de la Agenda 2030 y cuanto tiene que ver con el cambio climático, que la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que aspira a la reelección tras las elecciones del próximo día 9, está haciendo campaña con la promesa de “aflojar” en las exigencias medioambientales lo que, visto desde la perspectiva de agricultores y pescadores gallegos, amén de los sectores energéticos y de transporte provocan nada más que un melancólico “tarde piache”.

Empeñados en enterrar los sistemas productivos primarios de la UE, cada actividad que realizan nuestros hombres del campo o la pesca, por muy ancestral y ambiental que se hayan demostrado a lo largo de siglos, chocan indefectiblemente con una hipertrofiada administración pública, donde hay que registrar hasta las dos o tres gallinas que se tienen para consumo propio, al igual que los pocos manejos de grelos que venden las abnegadas campesinas ordenses a pie de carretera. ¿Beneficio práctico? Ninguno. ¿Pérdida de tiempo? Toda. ¿Posibilidad de cumplimiento? Al albur del deficiente sistema de conexión digital de nuestras aldeas. ¿Creación de empleo? Una manada de inspectores de ociosa productividad.

Idéntico afán fiscalizador podría decirse de otros sectores inmersos en la posible afectación de la economía verde, como el energético o el de transporte, en hipertrofia reguladora que acaba de poner negro sobre blanco y por lo que afecta a nuestro país el Banco de España en un pormenorizado estudio: hasta 9.489 regulaciones relacionadas con el ‘crecimiento verde’. En concreto son 3.482 normas relacionadas con las energías renovables, 783 normas que se han ocupado del transporte sostenible, 108 relacionadas con la medición o gestión de la contaminación y 5.116 relacionadas con la medición (y gestión) de la eficiencia energética. ¿Es posible la productividad con tal carga de papeleo normativo?

Estamos aguardando como fértil agua de mayo a que el Banco regulador nos dé noticia de las normas que afectan a los sectores primarios españoles, como consecuencia de la frenética actividad funcionarial que no distingue un huevo de una patata pero que sí tiene poder para enterrar por inoperatividad todo el sector primario. ¿Pondrán los próximos eurodiputados pie en pared contra tamaños disparates?